En los últimos tres años y medio, el Gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, ha insistido en querer lucir su administración como un faro a la transparencia y la rendición de cuentas, la realidad es que nada está más alejado de la realidad que la percepción del mandatario.
Y es que en dos años y medio culminará su mandato, pero quienes nos dedicamos plenamente al ejercicio periodístico recordaremos este sexenio como el periodo con mayores trabas y retrocesos en el derecho al acceso a la información, la libertad de prensa y la transparencia.
Porque Castro Cosío no tiene reparos en sostener que su gobierno ha sido transparente y que jamás ha obstaculizado a quienes piden rendición de cuentas o se dedican al periodismo en Baja California Sur.
Pues es normal que lo vea así, ya que Castro no ha tenido que enfrentar las arremetidas de una secretaria de Finanzas a la que no le apetece ser cuestionada sobre el cobro correcto y uso de impuestos creados en legislaturas anteriores; o una confrontación con su secretaria de Educación porque no quería ser cuestionada por todos los señalamientos y denuncias en contra de agresores sexuales que laboran para la SEP en Baja California Sur.
Tampoco ha sido víctima del veto silencioso que aplican sus funcionarios cuando son cuestionados por un periodista, que obviamente no van a pregonar porque, aunque parezcan, no son tontos; saben las consecuencias de reconocer que evitan las entrevistas a profundidad con determinados comunicadores y periodísticas.
Hoy el ejemplo más vivo y reciente es la guerra digital que iniciado Martin Inzunza, director de FONMAR, contra Juan Luis Rojas, crítico del gobierno, que ha expuesto y cuestionado la falta de 58 millones de pesos, según documentos que presentó, en el fideicomiso de FONMAR.
Lo que pudo ser la oportunidad perfecta para aclarar, se convirtió en una cacería en la que intervienen en redes sociales empleados de Gobierno para replicar el intento de funa de Martín Inzunza contra Juan Luis Rojas.
No están en igualdad de condiciones, no se aplica el mismo nivel de réplica y Juan Luis Rojas mucho menos cuenta con el aparato institucional para promover que sus dichos sean propagados por trabajadores de Gobierno del Estado para aplastar la opinión de un ciudadano.
La situación es precaria porque esta simple columna puede costarme a mí un veto más por parte de otra institución del gabinete de Castro, pero señalar la incongruencia y las agresiones por ejercer la libertad de expresión no pueden ser una opción en el escenario tan adverso que vivimos.
No se mata a las y los periodistas sólo con balas, señor Gobernador. Se les aniquila e invalida de miles de formas desde el entramado político mucho antes de llegar al acto más cruel y violento que podemos padecer las personas que nos dedicamos a esta, cada vez más riesgosa, profesión; y eso, usted y sus funcionarios lo saben perfectamente.
Y son sus mismos funcionarios, con el aparato institucional que los respalda, quienes hoy están sirviendo en bandeja de plata a la vista de todos otro ejemplo más de lo que hemos documentado en lo que va de su sexenio.
Aunque en esta ocasión sea un ciudadano que hace uso de redes sociales para ejercer la libertad de expresión quien sea víctima de otro alto funcionario de Castro Cosío, podemos asegurar que el gobernador colabora para invalidar este y otros casos más, porque los hemos vivido, sufrido y visto.
Señor Gobernador, sea serio con las cosas serias. Ponga el ejemplo y meta en cintura a quienes hoy usted les ha dado más poder y una responsabilidad de servir a lo usted dice que es lo más importante: el pueblo.