En plena campaña local del 2021, a través de reportajes periodísticos se advirtió que la empresa de un personaje que activaba desde la campaña de Morena a la Gubernatura, Alfonso Gutiérrez (hoy subsecretario de economía) tenía un contrato con el Instituto Estatal Electoral para proveer tecnología relacionada al Programa de Resultados Electorales Preliminares y al propio cómputo oficial de los votos de la jornada electoral.
Tras la denuncia, de manera más bien tibia y a regañadientes, los líderes de los partidos de oposición que por primera vez iban a campaña juntos en Baja California Sur, PRI-PAN y PRD salieron a pronunciarse por el hecho, por lo que el Consejo General del IEE decidió cancelar una parte del contrato con el proveedor morenista, pero habría persistido parte de la prestación.
El solo hecho podría haber servido a la oposición para advertir sobre el riesgo que corría la garantía de que el voto de los sudcalifornianos se respetara y planteara una duda razonable en los resultados que se pudieran dar tras la jornada electoral, más aún por que prácticamente todas las mediciones de encuestas durante las campañas, apuntaban el triunfo del candidato opositor, Francisco Pelayo Covarrubias.
Pero a la postre se corrió a la especie que la postura tibia asumida por los partidos, principalmente el PAN sería por las presuntas relaciones de negocios que habría habido entre el señalado Alfonso Gutiérrez y el entonces dirigente estatal del blanquiazul, Carlos Rochín.
Tras la jornada electoral, contrario a prácticamente todas las encuestas durante la campaña e incluso las encuestas de salida el mismo día de la elección, el Consejo General del IEE anunciaba que el PREP daba la victoria a Víctor Castro Cosío.
Ese misma noche, en las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN, se advirtió que varias de las actas de casilla que llegaban en físico, eran distintas en sus resultados a los que exhibían las digitalizadas en el sistema del PREP.
Por motivos hasta hoy desconocidos, los liderazgos de los partidos de oposición prefirieron guardar silencio en torno a las inconsistencias y ni hablar de acudir a tribunales electorales para impugnar la elección con los elementos señalados, más bien se urgió a reconocer la derrota.
Así, del proceso electoral 2021 queda hasta la fecha en tela de duda si el voto de los sudcalifornianos fue respetado.
En el actual proceso electoral local 2023-2024, nuevamente el respeto al voto de los sudcalifornianos está en riesgo.
El presidente consejero del IEE, Alejandro Palacios en distintos foros y entrevistas ha exhibido la crisis financiera que atraviesa el órgano electoral para la realización del proceso electoral y de la propia jornada de votación, ya que no se ha podido cubrir ni el pago de las boletas y demás papelería electoral que se utilizarán.
Esto por un recorte al Instituto de parte del Ejecutivo del Estado por más de 30 millones de pesos en el presupuesto estatal 2024.
Recorte al árbitro electoral, en pleno año electoral.
Sin embargo el recorte presupuestal al IEE podría no ser solo una ocurrencia del Gobierno de Baja California Sur.
La reportera de HOY BCS, Grace Gámez, en un trabajo periodístico publicado en enero, evidenció que en el ejercicio 2024, en la mayoría de los estados que son gobernados por Morena se registraron recortes presupuestales (https://hoybcs.com/en-casi-todos-los-ople-gobernados-por-morena-hubo-reduccion-de-presupuesto-iee/).
Es decir, se podría presumir que estos recortes presupuestales serían una estrategia electoral de Morena y aliados.
No hay que olvidar que Morena ha planteado reformas en materia electoral que incluyen la desaparición del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales en los estados, para regresar la organización de los comicios a la Secretaría de Gobernación, como era hasta mediados de los 90s, en tiempos del presidencialismo priista.
La historia ha demostrado que, en este modelo se favorecía a los candidatos del oficialismo.
Aún con este panorama, que en su momento fue planteado por el entonces representante del PRI, Jesús Flores en el pleno del Consejo General del IEE, hasta la fecha los liderazgos de la oposición política en el estado, no han hecho un pronunciamiento enérgico para advertir del riesgo que corre el voto de los sudcalifornianos en el presente proceso electoral por las debilidades que supone que el árbitro de las elecciones no cuente con los recursos suficientes para la organización y ejecución de la jornada electoral.
Desde columnas afines al Gobierno del Estado se llegó a satirizar que el presidente del IEE “estaba de llorón” por que “se le estaban quitando privilegios”, pero que las elecciones estaban garantizadas aún con el recorte.
Y para el colmo, representantes ante el órgano electoral de los partidos de oposición, tampoco le dieron importancia a la advertencia de crisis financiera.
Parece que la oposición no aprendió la lección del 21, que lo que pasa en el órgano electoral, les termina afectando a ellos; a menos que su intención no sea ganar la contienda.
Pero sobre el hecho, tampoco se han pronunciado la gran mayoría de las cámaras u órganos empresariales y de la sociedad civil organizada del estado que cada proceso electoral, organizan encuentros con candidatos.
Mientras tanto el voto de los sudcalifornianos otra vez en riesgo, como en el 2021.
