Los Cabos, Baja California Sur.– El presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC), Julio Castillo Gómez, fijó postura frente a la iniciativa del gobernador Víctor Castro que propone modificar la Ley de Derechos del Estado en materia de Protección Civil, al advertir que la reforma impone incrementos desproporcionados de hasta 880% y crea nuevos cobros que afectarían gravemente al sector productivo, a organismos sociales y a la ciudadanía.
La propuesta, enviada por el Ejecutivo estatal a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso, plantea actualizar y ampliar las tarifas que cobra la Subsecretaría de Protección Civil. Sin embargo, para el organismo empresarial, la iniciativa “parece más un proyecto recaudatorio que una reforma que fortalezca el espíritu de la protección civil”.
En declaraciones a HOY BCS Castillo Gómez explicó que, de acuerdo con el análisis del CCC, la iniciativa contempla incrementos excesivos en cobros ya existentes —algunos que pasan de 300 a más de 6 mil pesos— y crea nuevas tarifas que van de 350 hasta 22 mil pesos por diversos trámites o servicios.
“Estamos hablando de algo muy agresivo. Incluso se plantean cobros de más de seis mil pesos por la revisión y plan de un evento con fines de lucro, como bodas, XV años, festejos o eventos en restaurantes y salones de barrio. Cuando un sitio realiza eventos recurrentes, no es lógico que se le cobre como si fuera algo nuevo cada vez”, señaló.
El dirigente advirtió que la reforma impactaría también a organizaciones sociales, asociaciones civiles y fundaciones, pues los eventos sin fines de lucro también tendrían que pagar trámites que hoy no existen.
Además, recordó que algunos de los cobros actuales aumentarían hasta 880%, como el trámite para revisión del programa interno de Protección Civil en empresas con más de 80 trabajadores, que pasaría de 1,500 pesos a 14,708 pesos.
Castillo Gómez subrayó que, si bien el CCC reconoce la importancia de fortalecer las capacidades de Protección Civil, “esto no puede hacerse a costa de cargarle al sector productivo y a los ciudadanos una reforma que no ha sido socializada ni discutida”.
Por ello, informó que el organismo ya inició diálogo con legisladores para solicitar que la reforma no se apruebe sin consenso, y pidió abrir mesas de trabajo en las que se escuchen las preocupaciones del sector productivo.
“Estamos solicitando que los diputados nos reciban antes de que se vote, para explicar los efectos que tendrá en Los Cabos, entender los argumentos del gobierno y buscar alternativas. No queremos decisiones unilaterales ni autoritarias”, afirmó.
El presidente del CCC también hizo un llamado a cámaras empresariales como CANACO, Asociación de Hoteles, operadores de salones, organizadores de eventos y asociaciones civiles del estado para que se unan al análisis y acompañen el proceso legislativo: “Este cobro impactará directamente a los negocios, a las organizaciones y, al final, a los ciudadanos. No podemos quedarnos callados”.
La iniciativa será analizada por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso, donde se prevé su discusión la próxima semana.