La Paz, B.C.S.– Una investigación publicada este martes por el diario El Universal reveló que varias empresas mexicanas recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos —por presuntos vínculos con la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa y la facción de “Los Chapitos”— fueron proveedoras de gobiernos estatales, universidades y dependencias públicas, incluyendo instituciones del estado de Baja California Sur.
De acuerdo con el reportaje, las compañías Comercial Viosma del Noroeste S.A. de C.V., Storelab S.A. de C.V., Favelab S.A. de C.V., Importaciones y Nacional Marcerlab S.A. de C.V., Favela Pro S.A. de C.V., Quilab S.A. de C.V. y Sumilab S.A. de C.V., recibieron más de 630 contratos entre 2018 y el primer semestre de 2025, la mayoría por adjudicación directa, con un valor total de 35.7 millones de pesos en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.
Contratos en Baja California Sur
En el caso de Baja California Sur, la investigación señala que las contrataciones con estas empresas fueron realizadas por la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y el Ayuntamiento de La Paz, este último a través del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS).
El reportaje incluye como evidencia una carta compromiso firmada por Favelab S.A. de C.V. con el Sistema de Agua Potable de La Paz, lo que confirma que al menos una de las empresas señaladas mantuvo contratos con dependencias municipales sudcalifornianas aún después de haber sido sancionada por Estados Unidos en mayo de 2023.
Señalamientos de la OFAC
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, estas empresas formaban parte de una red comercial y logística que suministraba precursores químicos y equipo de laboratorio utilizados en la fabricación de fentanilo y metanfetaminas ilícitas.
La investigación de El Universal detalla que, pese a estar bajo observación internacional, las compañías continuaron recibiendo contratos públicos de universidades, hospitales, juntas de agua potable y centros de investigación científica, incluyendo el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV).
En el caso de la empresa Sumilab S.A. de C.V., señalada desde 2023 por la OFAC, se identificó que sus filiales —entre ellas Storelab S.A. de C.V.— recibieron más de 70 contratos directos por 6.1 millones de pesos entre 2021 y 2024.