La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS) cumplió una semana cerrada a la ciudadanía, esto ante un conflicto entre un grupo de trabajadores, exempleados que acusan a la presidenta, Charlene Ramos Hernández, por supuestos actos de violencia laboral.
Desde el lunes 8 de enero, el organismo autónomo ha permanecido bloqueado por un paro laboral que la presidenta califica como ilegal.
Aunque cuatro de los cinco consejeros de la Comisión se dicen abiertos al diálogo con la titular de la CEDHBCS, hasta el momento no se ha logrado levantar la manifestación.
Por su parte, Charlene Ramos sostiene que al tratarse de un conflicto de índole laboral, este tema debería solucionarse en otras instancias. Argumenta que no es respaldado por todo el personal de la Comisión y que son sólo cinco extrabajadores y empleados en activo quienes ejecutan esta protesta.
Por ello, la presidenta interpuso dos denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por amenazas y despojo.
En contraste, las y los manifestantes acusan que Charlene Ramos ha despedido a alrededor de 10 empleados en un periodo de siete meses, aseguran que algunos fueron obligados a renunciar, por lo que exigen un juicio político para que sea destituida.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Eufrocina López, expuso en entrevista que, hasta el momento, no han recibido una solicitud de intervención.
No obstante, adelantó que un juicio político no es un asunto sencillo y que deberá revisarse el tema a profundidad.
