La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur estuvo presente durante la audiencia inicial del proceso de justicia penal que enfrentan el ex alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro y el ex tesorero, José Martin Talamantes Geraldo, por el delito de “Abuso de autoridad por simulación”.
Ambas figuras públicas que fungieron como funcionarios de primer nivel en la XIV Administración fueron denunciados recientemente y este jueves 05 de diciembre del 2024 se llevaría su audiencia inicial donde se formularía la imputación y vinculación a proceso pero no asistieron.
El Fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, explicó en entrevista que por las dos partes se entregaron justificantes médicos por lo que, la audiencia tuvo que aplazarse hasta el próximo 12 de diciembre del año en curso.
Destacó que desde que se creó la Fiscalía Anticorrupción esta es la primera vez que llevan a un ex alcalde a un proceso penal.
“Es un ejercicio muy importante, que acostumbremos a que cuando haya un mal manejo por parte de las autoridades, va a tener un consecuencia jurídica, en este caso, si el manejo constituye un delito, va a tener una consecuencia penal, es el compromiso que tenemos”, señaló.
En cuanto a las posibilidades de que esta carpeta avance a un juicio y puedan sentenciar a los imputados, el Fiscal sostuvo que sólo llevan a procesos penales, casos que cuentan con todas las pruebas.
“Nosotros desde que tenemos la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, los asuntos que hemos llevado y que judicializamos, en todos hemos tenido la vinculación a proceso y esto es porque hacemos una investigación seria para efecto de que si vamos con un juez es porque tenemos datos de prueba suficientes”.
Este delito se encuentra especificado en el artículo 276 del Código Penal de Baja California Sur y establece:
*”A quien teniendo la calidad de servidor público, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el correspondiente servicio o no se cumplirá el contrato o cualquier acto jurídico dentro de los plazos establecidos, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos a ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”*
