Desde que el 16 de abril Citlalli Hernández fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en diversas entrevistas, declaraciones y videos en sus redes sociales ha repetido que, en el proceso interno rumbo a 2026-2027, los coordinadores estatales no sólo serán los más populares, sino quienes tengan una mejor imagen pública.
En la encuesta establecida como método para designar a estos coordinadores de la Defensa de la Transformación no sólo se mediría el nivel de conocimiento entre la ciudadanía. La opinión positiva tendría mayor peso en la definición.
Esto ocurre en el contexto que vive Morena desde que Estados Unidos comenzó a ventilar, oficial y extraoficialmente, la presunta relación de políticos mexicanos del régimen de la 4T con grupos del crimen organizado.
Morena, PT y Partido Verde buscarían blindar sus procesos internos para evitar que en la elección de 2027 se colaran los ahora conocidos como “narcocandidatos”.
En el proceso, dirigentes de Morena anunciaron públicamente que poderosas instituciones federales de procuración de justicia e inteligencia, como la FGR, la UIF y el CNI, participarían en la evaluación de la probidad de los aspirantes oficialistas, aunque esto no se señala expresamente en las más de 20 páginas de la convocatoria.
El documento sólo “obliga a entregar una carta de consentimiento para que la Comisión Nacional de Elecciones realice las consultas que estime necesarias sobre la inexistencia de antecedentes penales” y “permite que la Comisión Nacional de Elecciones solicite información o documentación adicional para evaluar integralmente los perfiles”.
Sin embargo, la medida, que tendría todo el sentido y sería deseable, podría tener otro uso y ahí estaría la “trampa”: utilizarla políticamente para descartar cuadros.
En la entrega del 30 de junio de este espacio de opinión, lo tropicalicé así:
“…se ha puesto el candado de que “la imagen positiva tiene más valor que la simple popularidad en las encuestas”; es decir que si Christian o Manuel ganan la encuesta, basta con que se diga que su imagen negativa es más alta por algún “prietito o prietote en el arroz”, para quedar también fuera”.
https://hoybcs.com/el-problema-es-milena/
Por eso, ahora que ha trascendido que, de los seis aspirantes registrados en Baja California Sur, tres —Christian Agúndez, Manuel Cota y Saúl González— serían sometidos a una revisión por parte de la FGR, la UIF y el CNI, surgen cuestionamientos.
Dos de ellos, Christian y Manuel, son considerados entre los perfiles más competitivos frente a quien distintos actores políticos identifican como la aspirante de mayor cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum: Milena Quiroga.
Así, de entrada, se pone en duda si la medida aplicada al alcalde con licencia de Los Cabos y al diputado federal con licencia sería un mecanismo para “limpiar el camino” a Quiroga Romero.
Y entonces surge otra pregunta: ¿será que Milena no está ganando las mediciones internas?
¿Se usará de “escoba” a la FGR, la UIF y el CNI para “barrer” a la competencia?
Y un dato más: trasciende también que, con el ánimo de no romper la alianza en BCS y de que todos tengan espacios, se ofrecerían “salidas” a quienes serían sometidos a la revisión de estas instituciones: diputaciones federales o candidaturas a alcaldes.
Entonces surge una duda más que raya en la contradicción: si las revisiones arrojaran indicios fundados de vínculos con grupos criminales, ¿Christian, Manuel y Saúl no podrían ser candidatos a gobernador de Morena y sus aliados, pero sí a diputados federales o alcaldes?
Los procesos internos de Morena, desde 2021, ya en la cúspide del poder, han estado envueltos en señalamientos de imposiciones, favoritismos y procesos democráticos simulados.
Sin claridad, han resultado candidatos quienes no ganaron las encuestas para diversos puestos de elección popular, como resultado más de negociaciones políticas que de procesos de elección.
Incluso en el proceso interno de 2024 para definir la candidatura a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal señalaron la existencia de dados cargados y el uso de programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum.
En el proceso para 2027, los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico habrían servido a Morena para generar una nueva herramienta de control político.
La trampa y la escoba.
