La Paz, Baja California Sur.– La exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), Fernanda Villarreal, podría enfrentar una pena de entre 5 y 15 años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como “lavado de dinero”, en caso de que se le dicte una sentencia condenatoria dentro del proceso penal que enfrenta.
De acuerdo con información publicada por HOY BCS, Villarreal fue vinculada a proceso luego de que un juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar con el procedimiento judicial en su contra, en una investigación relacionada con el presunto desvío de recursos públicos durante su gestión.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el caso deriva de posibles irregularidades en el manejo de recursos, lo que dio origen a la imputación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, figura jurídica que sanciona el ocultamiento, uso o manejo de dinero proveniente de actividades ilegales.
Este delito, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión, además de sanciones económicas e inhabilitación, las cuales pueden incrementarse cuando se trata de servidores públicos.
Cabe precisar que la vinculación a proceso no implica una condena, sino que el juez determinó la existencia de elementos suficientes para que el caso avance a las siguientes etapas del proceso penal, donde se deberá acreditar o descartar la responsabilidad de la exfuncionaria.
Este caso se vincula además con señalamientos previos derivados de una investigación periodística de N+ Focus, en la que se expone un presunto esquema de financiamiento ilegal por alrededor de 10 millones de pesos desde el Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI) para apoyar la precampaña presidencial de Adán Augusto López Hernández entre 2022 y 2023.
De acuerdo con testimonios y documentos citados en dicho reportaje, estos recursos formarían parte de una presunta red de desvío y triangulación de fondos públicos operada al interior del instituto durante la gestión de Fernanda Villarreal, lo que actualmente es materia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
