El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Rigoberto Mares Aguilar, se manifestó ante las investigaciones realizadas por El Universal en las que se expone que el Gobierno del Estado, OOMAPSAS La Paz y la UABCS otorgaron contratos por adjudicación directa a dos empresas que fueron sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por vinculaciones con el crimen organizado.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos señala una red de empresas presuntamente relacionadas con la producción de fentanilo.
A su vez, estas empresas son proveedoras de los gobiernos estatales de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, e instituciones como la UABCS, OOMSAPAS, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas.
“Revelan que son empresas sancionadas por la OFAC por presuntos vínculos por tráfico de fentanilo, obtuvieron contratos públicos en el noroeste del país, incluido Baja California Sur. Entre 2018 y 2025 por aproximadamente 35.7 millones de pesos, muchos de estos, al parecer fueron por adjudicación directa”, acusó el dirigente.
“Nos parece que es un tema que no se puede minimizar, yo he escuchado en medios de comunicación declaraciones tanto del gobernador como de la alcaldesa minimizando totalmente el hecho”, agregó.
El presidente del PAN cuestionó la forma en que el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, abordaron el tema, diciendo que desconocían un tema de esta envergadura o simplemente huyendo de la prensa.
“Ellos nos deben de explicar si efectivamente hubo estos contratos con empresas ligadas al tráfico de fentanilo, ligadas al crimen organizado y decirnos bajo qué circunstancias fue que esto se dio”, mencionó.
“No pueden decir simplemente que se investigue y salir corriendo de la prensa. Me parece que eso no es lo que debe hacer una autoridad, una autoridad de gobierno ya sea municipal, estatal y federal”, añadió.
Por ello, exigió una investigación a fondo y que se realicen auditorías inmediatas, asimismo pidió que se ejecute una suspensión precautoria sobre cualquier relación vigente con las empresas señaladas.