Luego de las recientes protestas en defensa de la Sierra de la Laguna, organizaciones ciudadanas insistieron en que existe preocupación por posibles desarrollos y actividades que amenacen la reserva natural, al tiempo que criticaron que el tema se haya convertido en una disputa política entre actores gubernamentales.
Guillermo Trasviña, presidente de la asociación Rescate de los Pueblos, sus Tradiciones y su Economía, señaló que las autoridades estatales han utilizado políticamente la defensa de la sierra, mientras que durante años omitieron atender las denuncias sobre el despojo y los riesgos ambientales en la zona.
“Es una situación preocupante porque las autoridades del estado mercantilizan políticamente esta defensa, donde ahorita ya andan del chongo usando nuestra Sierra como un tema político, señalando al que sí hizo y al que no hizo”, expresó.
El activista sostuvo que distintos gobiernos y actores políticos permanecieron “ciegos y sordos” ante las advertencias ciudadanas sobre posibles afectaciones en la Sierra de la Laguna, particularmente relacionadas con proyectos de construcción y cambios de uso de suelo.
“Todos omitieron, estaban ciegos y sordos ante el despojo que estaba en la Sierra, la amenaza de la construcción que ya decíamos”, comentó.
Estas declaraciones se dan en un contexto tras una manifestación realizada esta semana en La Paz, donde cientos de personas marcharon hasta Palacio de Gobierno para exigir transparencia y acciones de protección ambiental.
Esto por denuncias ciudadanas sobre vuelos de helicópteros, traslado de materiales y presuntos trabajos de desmonte en zonas cercanas a la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.
Durante la protesta, colectivos ambientalistas, habitantes de comunidades rurales y organizaciones civiles solicitaron una audiencia pública urgente con autoridades estatales y federales.
Además exigieron información clara sobre cualquier autorización relacionada con proyectos inmobiliarios o turísticos en la región serrana.
Guillermo Trasviña adelantó que también buscarán impulsar modificaciones legislativas al modelo actual de Área Natural Protegida (ANP), al considerar que existen vacíos que podrían permitir la privatización de territorios destinados originalmente a la conservación ambiental.
“Exigiremos a los legisladores que modifiquen el modelo de Área Natural Protegida, porque ese modelo, una vez que termina el plan de conservación y preservación, esas áreas pasan a ser áreas naturales privadas”, resaltó.
Según explicó, el riesgo es que particulares que inviertan en esquemas de conservación terminen adquiriendo control sobre territorios estratégicos, limitando la intervención gubernamental futura.