Aunque colectivos y activistas reconocen que hay avances, recalcan que las autoridades de Baja California Sur tienen pendientes históricos y rezagos en el cumplimiento de los derechos humanos y las obligaciones con las personas de la comunidad LGBT+.
Especificaron que en la ciudad de La Paz es necesario nombrar la falta de espacios seguros para las personas LGBT+, así como la falta de visibilidad y poca promoción de la inclusión por parte del Gobierno del Estado.
Hoy exigen a las autoridades municipales, estatales y federales esos espacios seguros que merecen para el esparcimiento libre de violencia y discriminación.
En el caso del Congreso del Estado, exigieron que avancen con la legislación para aprobar la adopción homoparental y lesbomaternal.
Demandaron a las XVI Legislatura que destinen presupuesto suficiente en el Presupuesto de Egresos de 2023 para el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y para la recién creada Dirección Estatal de Diversidad Sexual y de Género así mismo a todas las acciones relacionadas a la diversidad sexual que se realicen.
Asimismo recalcaron que es necesario que el congreso trabaje en la tipificación de crímenes de odio tomando en cuenta que lo que no se nombra no existe.
A la diputada María Guadalupe “Mapy” Moreno Higuera, exigieron represente a la comunidad y cumpla con los compromisos que firmó en la campaña electoral de 2021.
“BCS es un estado que ha cambiado el panorama de derechos humanos de nuestra población, al ser reconocido el matrimonio igualitario en 2019, así como el derecho a la identidad de personas trans y la prohibición de las terapias de conversión en 2021; sin embargo, esto no es suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas LGBT+, pues es necesario promover la inclusión en más espacios y atender las múltiples barreras que enfrentan”, menciona el colectivo La Paz es Diversa.
