El Gobierno de México informó que los responsables de la contingencia ambiental provocada por el incendio de la embarcación Fortius, que derramó combustible en Balandra, pueden ser acreedores a una pena de uno a nueve años de cárcel.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) precisó que al tratarse de un Área Natural Protegida (ANP), la pena de prisión se incrementa hasta en tres años por lo que la sanción podría ser de hasta 12 años de cárcel.
En cuanto a lo económico, las leyes prevén el pago de 300 a 3,000 días de multa. Al igual que con la pena de prisión, por ser una ANP la zona en cuestión se aplica un agravante de otros 1,000 días de multa más.
Cabe recordar que el 24 de agosto de este año, la Profepa denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la contingencia en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), hechos que podrían constituir un delito contra el ambiente y la gestión ambiental previstos en el
artículo 414 del Código Penal Federal.
“La denuncia penal la presentó la Profepa ante la FGR, instancia competente para conocer e investigar todos aquellos hechos que afecten directamente el derecho humano a un medio
ambiente sano y sean probablemente
constitutivos de un delito contra el ambiente”, manifestó la Profepa.
Cabe recordar que la asociación ROC-La Paz Waterkeeper informó que los restos del yate Fortius fueron sacados del fondo de Balandra, no obstante, durante las maniobras de arrastre la embarcación se hundió de nuevo afuera de la ANP
