Los Cabos, Baja California Sur.– El Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC) calificó como inadmisibles los bloqueos prolongados en vialidades estratégicas del municipio y la falta de intervención oportuna por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, tras el cierre de la carretera Transpeninsular registrado el pasado 22 de abril en Cabo San Lucas.
En un posicionamiento formal dirigido al gobernador Víctor Castro Cosío, al alcalde Christian Agúndez Gómez y al coordinador estatal de la Guardia Nacional, el organismo empresarial señaló que la vialidad permaneció cerrada por más de cinco horas —e incluso por periodos mayores en distintos reportes— afectando a miles de personas y generando un impacto directo en la movilidad, el orden público y la actividad económica del destino.
El CCC advirtió que este tipo de hechos ya no puede entenderse como un evento aislado, sino como la consolidación de un patrón en el que la obstrucción de vías federales e instalaciones estratégicas —como la carretera Transpeninsular o el aeropuerto internacional de San José del Cabo— se utiliza de manera recurrente como mecanismo de presión hacia las autoridades.
En ese sentido, el organismo sostuvo que cada vez que un grupo recurre al cierre de estas vialidades para ser escuchado, queda en evidencia una falla estructural en los canales institucionales de interlocución con la ciudadanía, lo que termina trasladando el costo económico, social y reputacional a toda la población, así como al sector productivo del municipio.
Uno de los señalamientos más severos del documento es la ausencia de respuesta institucional durante el bloqueo, al subrayar que ninguna autoridad activó mecanismos efectivos de intervención temprana ni estableció un diálogo oportuno que permitiera evitar la escalada del conflicto. Esta omisión, advierte el CCC, convierte cada manifestación en una crisis evitable y contribuye a normalizar una dinámica que erosiona la gobernabilidad local.
El impacto de estos bloqueos, detalla el posicionamiento, es amplio y directo en distintos ámbitos:
Servicios de emergencia impedidos de atender llamados urgentes.
Trabajadores sin posibilidad de llegar a sus centros laborales.
Familias que no pudieron recoger a sus hijos en escuelas.
Residentes y turistas que perdieron vuelos y conexiones.
Afectación a la imagen del destino, construido durante décadas como un lugar seguro y confiable.
El CCC subrayó que estas consecuencias no sólo afectan la dinámica cotidiana de la población, sino que golpean directamente la competitividad de Los Cabos, cuya economía depende en gran medida del turismo, la inversión y la confianza en la estabilidad del destino.
Asimismo, alertó que la repetición de estos eventos compromete variables clave como la inversión, el empleo y la calidad de vida de los habitantes, además de debilitar la percepción de capacidad del Estado para garantizar el orden público y el libre tránsito.
Ante este escenario, el organismo empresarial planteó una ruta de acción concreta, con medidas verificables y plazos definidos:
Mecanismos de intervención temprana y mediación social, que se activen antes de que las inconformidades escalen al cierre de vialidades, con enlaces claramente designados entre los tres niveles de gobierno.
Canales permanentes de diálogo con las comunidades, que permitan atender demandas ciudadanas sin necesidad de recurrir a bloqueos, así como el cumplimiento verificable de los compromisos asumidos por las autoridades.
Atención de fondo a las causas de las manifestaciones, mediante planes con calendarios públicos, asignación de recursos y esquemas de rendición de cuentas, evitando que la omisión institucional convierta el cierre de vialidades en la única vía de interlocución.
Protocolos interinstitucionales de prevención y respuesta, con responsabilidades claras por orden de gobierno y dependencia, así como su publicación oficial para permitir el seguimiento ciudadano.
El Consejo Coordinador de Los Cabos reiteró su disposición a participar en un diálogo constructivo con las autoridades, pero dejó en claro que dará seguimiento público al cumplimiento de los compromisos que se generen a partir de este posicionamiento.
Finalmente, el organismo advirtió que la gobernabilidad, la movilidad y la atención oportuna a la ciudadanía no sólo son condiciones indispensables para el bienestar social, sino factores determinantes para sostener la competitividad de un destino que, durante décadas, ha sido motor económico de la región.
