En los últimos días, madres, hermanas y esposas de personas desaparecidas en Mulegé iniciaron una serie de manifestaciones para exhibir la indolencia y la ineficiencia a la se enfrentan los familiares de víctimas de este delito en el norte de Mulegé.
No es una señal nueva de la grave crisis de seguridad que autoridades se empeñan en minimizar, reduciéndola a lamentaciones y condolencias cuando no hay enfrentamientos del gobernador, Víctor Castro Cosío, con integrantes de colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.
Y es que en las recientes manifestaciones se ha puesto de nuevo el dedo en la llaga del tejido social dañado en Baja California Sur: las desapariciones siguen ocurriendo sin la más minimalista intervención del Estado para evitar o recuperar a las personas que son privadas de su libertad o que simplemente no se sabe de su paradero.
Familiares de los casos ocurridos de forma reciente en Guerrero Negro evidenciaron, una vez más, la respuesta inactiva y mediocre, por decir lo menos, que recibieron por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) cuando presentaron sus denuncias.
“Hasta pareciera que hacen todo con la intención de retrasar las búsquedas de nuestros familiares”, precisó una madre de un joven desaparecido.
Pues al final, la nula intervención y la quietud en búsquedas rápidas y efectivas favorece el escenario doloso en el que cientos de personas quedan con una única esperanza: unirse a colectivos de búsqueda, donde a veces ya no se piensa en más que encontrar algún rastro que lleve a localizar restos de sus seres queridos.
Las condolencias del gobernador son un discurso político que sale casi por fotocopiadora, donde a veces insiste en que es una “herencia maldita” de administraciones pasadas y en otras, según su humor, arremete contra quienes cuestionan la ineficiencia y el desinterés gubernamental de su administración para contrarrestar esta problemática.
Lo que no menciona Castro Cosío, quizás por desconocimiento, es que esa “herencia maldita” se ha perpetuado ya como una constante de inseguridad en su gobierno.
Asegura que cuando inició su administración eran más de “500 desaparecidos” los que había, sin embargo, la Comisión Estatal de Búsqueda confirma que ya son casi 800 víctimas las que se registran en la entidad; 373 en La Paz, 288 en Los Cabos, 57 en Comondú, 61 en Mulegé y 8 en Loreto.
A esto, de nuevo, familiares de las personas que desaparecieron recientemente en Mulegé se unen a las denuncias en contra del Gobernador, a quien señalan por haber sido indolente e incluso revictimizar a sus seres queridos en vez de accionar.
Estos señalamientos son una constante en quienes buscan la intervención del titular del Poder Ejecutivo, en un mar de desesperación en el que si esa es la respuesta de quien debe garantizar el Estado de derecho pareciera que el único camino disponible es la organización ciudadana transformada en colectivos que han frente a la problemática y a gobiernos (y gobernantes) inútiles a conciencia.
