La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Baja California Sur dio entrada a la denuncia por parte de vecinos de la zona residencial de Cerro Colorado e inició una investigación en contra de las concretaras instaladas en las inmediaciones, por posibles daños ambientales y riesgos a la salud pública.
Con base al acuerdo de calificación y admisión a investigación, con oficio PFPA/3S.6/1940/2024 del expediente PFPA/10.1.2/3S.6/0236-24, de la delegación de la Profepa en Baja California Sur, que obra en poder de HOY BCS, el pasado 13 de octubre mediante plataforma digital los vecinos de Cerro colorado a través de una representante presentaron la denuncia correspondiente.
En la denuncia de hechos, los quejosos señalan que “en el área residencial de Cerro Colorado están instaladas ilegalmente dos concreteras y cementeras que violentan el uso de suelo RT para uso exclusivo residencial y comercial (no para actividades industriales), violentado la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.
Los vecinos argumentan ante la autoridad federal que “la empresa no se ajustó a las condiciones que debió de sujetarse en las obras para desarrollar sus actividades industriales, donde demostraría ante la autoridad no causar desequilibrio ecológico”.
Y añade:
“La denuncia es por que existe riesgo inminente de daño grave en caso de contaminación con repercusiones peligrosas para la salud pública”.
En ese sentido, los denunciantes solicitan a la Profepa “la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones denunciadas”.
En el mismo documento se exhibe que la Profepa da por recibida la denuncia de los vecinos de Cerro Colorado a través de su representante y admite dar trámite al inicio de la investigación correspondiente por los hechos denunciados.
Firma el documento Andrea Geiger Villalpando, encargada del despacho de la representación de la Profepa en Baja California Sur.
Cabe recordar que sobre los hechos que han sido ampliamente difundidos en HOY BCS, tratándose de la instalación de una empresa concretera a menos de 500 metros, de casas, un hospital y una escuela en la citada zona residencial una segunda empresa del mismo ramo a menos de 2 km, lo que supone un riesgo a la salud por polvos y contaminación por ruido de la criba; los vecinos han solicitado la intervención del Gobierno Municipal, tanto de la pasada administración, como de la actual, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta por parte de la autoridad.
