En conferencia de prensa, representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz informaron sobre la orden de un juez federal que sentenció al Ayuntamiento de La Paz a aplicar estrategias y políticas para reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad Capital.
María Inés Pérez Centeno, abogada del Cemda, explicó que en octubre de 2021 presentaron una demanda de amparo en donde se reclamó al Ayuntamiento de La Paz la omisión de hacer verificación vehicular, la omisión de tener un listado o fuente de contaminantes móviles, la omisión de inspeccionar las fuentes móviles.
Tras dos años de proceso, un juez federal otorgó la razón a las asociaciones y condenó al municipio de La Paz a generar un programa o una política pública que tenga como finalidad medir, verificar, monitorear, vigilar e informar los niveles de contaminación en La Paz.
“Tenemos esta sentencia, la dictó un juez federal y está obligando al municipio a que diseñe esta política o programa, las políticas y los programas implican realizar acciones concretas, que se vea beneficio para la ciudadanía; que no sólo quede en papel, sino realmente generar un cambio”, reiteró.
“En contra de la sentencia, la presidenta municipal presentó un recurso, se inconformó. Básicamente en ese recurso alegaba que no le correspondía realizar estas acciones y ese recurso lo resolvió un tribunal federal, que es superior de este juez, y resolvió que no es cierto; que efectivamente tiene que realizar estas acciones y se tienen que cumplir en beneficio de la ciudadanía”, agregó.
Mario Sánchez Castro, director regional de la oficina noroeste de Cemda, precisó que la sentencia ya está en firme, es decir, las autoridades municipales ya no pueden impugnar, sin embargo, el Ayuntamiento de La Paz alargó el proceso con recursos de revisión.
Hizo hincapié en que esto quedó como un antecedente con el que se reconoce a la sociedad civil que pueden acudir a tribunales a reclamar la defensa de derechos humanos
Ahora esperan que termine la falta de voluntad y se utilicen todos los recursos posibles a las manos de las autoridades para cumplimentar con esta sentencia federal.
“Se reafirma el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a poder hacer estos actos de exigencia legal a las autoridades en caso de sus omisiones, en este caso en calidad del aire, pero esperamos que se pueda replicar en otras tantas que tienen que ver con las diferentes acciones que realiza la sociedad civil en Baja California Sur”, agregó.
Ruth Ramírez, dirige el área de Comunicación para la Incidencia en el Observatorio Ciudadano en Cómo Vamos La Paz, señaló que Baja California Sur no cuenta con ningún sistema de monitoreo de la calidad del aire.
Recalcó que las asociaciones civiles llevan casi 10 años abordando y documentando este tema, en una ciudad pequeña con casi 300 mil habitantes y la flota es de 78 vehículos por cada 100 habitantes.
“Hacemos de alguna manera con indicadores diagnósticos, pero al final del día quien tiene la responsabilidad y tiene las atribuciones en los tres niveles de gobierno son quienes tienen que ejecutar, no está pasando nada”, recordó.
