*A pesar de que está despenalizado el aborto en el Estado, la CEDH ha detectado prácticas en la SSA y falta de modificaciones en la legislación que obstaculizan el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar al aborto
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández participó en un foro en el que habló sobre los retos que tiene el Estado para garantizar el derecho al aborto aún después de los avances que se han tenido como la despenalización del mismo.
Calificó de preocupación que actualmente los médicos que laboran en la Secretaría de Salud (SSA) no sólo se estén asumiendo como “objetores de conciencia” para reducir la carga laboral, sino que además se mantenga la privacidad de quien es o no (objetor de conciencia), lo que provoca que las usuarias al momento de solicitar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), den a conocer su información a todos y esto sea utilizado para criminalizarles.
Señaló que lo ideal es la modificación de la legislación vigente para que se dé a conocer de manera pública los médicos que son objetores de conciencia y que las usuarias tengan la información anticipada y no después de solicitar los servicios.
“Después de que las usuarias indican el por qué van al hospital, los médicos ya las identifican y esto es grave porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) me ha indicado que la mayoría de las denuncias por el aborto las reciben por parte del personal de la SSA”, explicó.
Aparte de esto, destacó que la CEDH identificó que la SSA está condicionando la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo a niñas y adolescentes con la excusa de que deben presentar una autorización de padres, madres o tutores.
“La SSA decía que se estaba cumpliendo con garantizar el ILE conforme a la NOM 046 pero atrás había otras cosas, la titular de la SSA entendía que si habían violado a una niña se le practicaba la interrupción, si no tenían ese antecedente las condicionan a una autorización de padres para hacer proceso”, informó.
Ramos Hernández agregó que a pesar de que han tenido muchas mesas de trabajo con acuerdos del poder legislativo, en el que exponen a la SSA que no existe un impedimento legal para realizar estos servicios, lamentablemente, persiste el deseo e intención de negarse y continuar obstaculizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
