La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó la liberación de un presunto generador de violencia conocido como “El Cholo 40”, luego de que un juez determinara no vincularlo a proceso, pese a contar con una orden de aprehensión vigente.
El procurador de justicia, Antonio López, explicó que el imputado era considerado un objetivo prioritario por la Mesa de Seguridad, debido a su presunta participación en hechos violentos registrados principalmente en Comondú, Puerto San Carlos y Ciudad Insurgentes, donde habría operado como jefe de un grupo delictivo.
Desde el 23 de agosto se habían obtenido órdenes de aprehensión contra dos personas, derivadas de un ataque ocurrido en Puerto San Carlos, en la calle Vallarta, donde un hombre y una mujer fueron baleados dentro de un domicilio. A partir de ese hecho se inició una carpeta de investigación y, después de integrar datos de prueba, un juez autorizó las órdenes correspondientes.
El procurador recordó que, para que un juez conceda una orden de aprehensión, el Ministerio Público debe acreditar la existencia del delito y la probabilidad de participación de los imputados, requisitos que —subrayó— sí fueron cubiertos en este caso.
Como antecedente, López indicó que en diciembre de 2025 fue detenido uno de los implicados, identificado como “El Javy Pando”, quien fue localizado en Ensenada y posteriormente vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa, al imputársele el delito de homicidio en agravio de dos personas.
Sin embargo, en días recientes se logró la detención de “El Cholo 40”, quien fue puesto a disposición del juez competente, pero no fue vinculado a proceso, decisión que, dijo, sorprendió a la Fiscalía, al tratarse del mismo hecho y los mismos datos de prueba que sí permitieron la vinculación del otro imputado.
Ante esta resolución, la PGJE inició un análisis interno para determinar si la no vinculación se debió a deficiencias en la integración de la carpeta o a una incorrecta valoración de los datos por parte del juez.
La audiencia se llevó a cabo en Ciudad Constitución, con la participación de agentes del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada, quienes se trasladaron desde La Paz para atender el caso.
Para finalizar, el procurador reconoció que la liberación del imputado genera impacto social, pero recordó que el proceso penal implica litigación y que no todos los asuntos concluyen con una vinculación o sentencia favorable, reiterando que la Fiscalía continuará utilizando los recursos legales disponibles para buscar que la resolución sea revertida.