La Paz, Baja California Sur.– La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Baja California Sur informó que obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, dentro del caso relacionado con presuntas irregularidades en el Instituto de Vivienda (INVI).
De acuerdo con la dependencia, el fallo judicial fue emitido contra Juan Antonio “N”, quien recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión, además del pago de 10 millones 212 mil 701 pesos por concepto de reparación del daño a favor del INVI.
La Fiscalía señaló que esta resolución representa la primera sentencia emitida en Baja California Sur por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivada de una investigación relacionada con el manejo de recursos públicos del Instituto de Vivienda entre noviembre de 2021 y noviembre de 2023.
Según el expediente, las investigaciones iniciaron en 2024 tras detectarse una presunta red de corrupción dentro del INVI. La autoridad indicó que Juan Antonio “N”, identificado como particular y hermano de un exfuncionario del instituto, habría recibido transferencias de recursos presuntamente desviados, con los cuales adquirió un predio y construyó una plaza comercial en la colonia Los Olivos, en La Paz.
Como parte del procedimiento abreviado y aceptación de culpabilidad, el hoy sentenciado entregó el inmueble a favor del INVI mediante escritura pública, propiedad que previamente había sido asegurada para garantizar la reparación del daño, informó la Fiscalía Anticorrupción.
La dependencia agregó que el sentenciado permanecerá privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz hasta cumplir la totalidad de su condena.
Asimismo, la Fiscalía indicó que continúan los procesos penales contra otras personas vinculadas a la investigación, entre ellas exfuncionarios del Instituto de Vivienda y particulares presuntamente relacionados con la red de corrupción detectada.
La autoridad precisó que las personas actualmente vinculadas a proceso mantienen la presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia definitiva.
