Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Integrantes del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas advirtieron que la prevención de riesgos en Los Cabos enfrenta problemas que van desde reglamentos de construcción obsoletos hasta la politización de decisiones en materia de Protección Civil, además de la existencia de más de 42 mil personas asentadas en zonas consideradas de riesgo.
Durante la reunión del organismo con el subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Julio Héctor Amparano, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa, quien participó en su carácter de integrante de Madrugadores, cuestionó que las determinaciones técnicas de especialistas en Protección Civil puedan quedar subordinadas a decisiones políticas.
Carbajal sostuvo que la Protección Civil se ha limitado institucionalmente sin que sus criterios necesariamente alcancen a quienes finalmente toman las decisiones.
“Esa forma de politizar la Protección Civil es lo que le está dando al traste precisamente a esta alteración del riesgo. Se van generando riesgos, se van generando vulnerabilidades”, manifestó.
Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa fue la autorización de construcciones en zonas consideradas de riesgo y las limitaciones que, desde su perspectiva, tiene actualmente la legislación para establecer consecuencias efectivas.
El comandante de Bomberos centró también su intervención en el Reglamento de Construcción vigente en Los Cabos, al señalar que se encuentra desactualizado frente a las condiciones que actualmente enfrenta el municipio.
Recordó como ejemplo lo ocurrido durante el huracán Odile en 2014, cuando los daños evidenciaron deficiencias en construcciones y materiales frente a las velocidades alcanzadas por el viento.
“Tienen su reglamento y no lo quieren actualizar”, expresó.
Carbajal reveló que actualmente existe un grupo de ciudadanos y especialistas que trabaja en una propuesta de reglamentación específica para las condiciones de Los Cabos, en la que han participado arquitectos, ingenieros y especialistas durante varios meses.
Sin embargo, aseguró que existe “reticencia” y “negación” de algunos actores para participar en la actualización, y cuestionó si existen intereses para continuar construyendo bajo las disposiciones actuales.
“Parece que es muy beneficioso construir basado en una reglamentación que ya no tiene razón de ser, que ya no va apegada a la realidad”, señaló.
Durante la misma reunión, el coordinador anual del Grupo Madrugadores, Jesús Flores Romero, puso sobre la mesa otro de los principales riesgos que enfrenta el municipio: los asentamientos humanos en zonas vulnerables.
De acuerdo con las cifras expuestas por Flores Romero, en Baja California Sur existirían más de 67 mil 500 personas asentadas en zonas de invasión y riesgo, de las cuales más de 42 mil corresponderían al municipio de Los Cabos.
El coordinador recordó además que durante su paso por la Comisión de Protección Civil del Ayuntamiento se llegaron a clausurar obras, incluso grandes desarrollos hoteleros, cuando se detectaba el incumplimiento de medidas de seguridad.
Flores Romero también planteó cuestionamientos sobre el servicio de ambulancias, las dificultades de acceso a algunos hospitales y el manejo y disposición final de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).
Ambas intervenciones coincidieron en que el crecimiento acelerado de Los Cabos obliga a fortalecer la prevención y, principalmente, a evitar que decisiones políticas o intereses particulares estén por encima de los criterios técnicos destinados a reducir riesgos para la población.
“Si se puede prevenir, no es accidente”, concluyó Flores Romero.