La titular de la Contraloría del Estado, Cristina Buendía Soto, señaló que en estos dos años y medio de trabajo lograron remitir más de 30 carpetas de casos contra exfuncionarios y servidores públicos a la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.
Según ha expuesto previamente la funcionaria, esto ha sido por diversos hechos que pudieran constituir un delito, como enriquecimiento ilícito o abuso de facultades.
“Es lo que nos corresponde, lo que siempre les he comentado yo a la Contraloría es lo que le toca hacer que es fiscalizar, estamos en esos procesos”, dijo.
“Un poco más de 30 en la vista al Fiscal, las demás a veces no ameritan o no son hechos constitutivos de un delito, pero eso no quiere decir que pueda haber una sanción administrativa”, agregó.
Explicó que, aunque hay casos que no necesariamente desemboquen en un asunto penal, sí pudieran ameritar una sanción administrativa.
Ese tipo de expedientes, los que se consideran como graves, son remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.
“Que es lo que le corresponde a la Contraloría, sancionar la conducta de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con base a eso es lo que nos corresponde a nosotros”, comentó.
“No en todos hay hechos constitutivos de delitos, no en todos vamos a dar vista al fiscal Anticorrupción, pero eso no quiere decir que no amerite una sanción administrativa”, agregó.
Entre las investigaciones más relevantes que se han hecho públicas, están los juicios en contra del exsecretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, a quien se le señala por los contratos millonarios que obtuvo una empresa de viajes ligada a un familiar suyo.
También destaca el caso de la exdirectora del Instituto de Vivienda (INVI), Rosalva Cuadras, quien fue sentenciada por el Tribunal de Justicia Administrativa por haberse “autoliquidado” con más de 1.7 millones de pesos cuando terminó la administración del exgobernador, Carlos Mendoza Davis.
