La militarización progresiva de la seguridad pública en México se encuentra más que nunca en entredicho luego de que elementos de la Guardia Nacional en un operativo contra huachicoleros en Guanajuato, dispararon contra un vehículo en el que viajaban estudiantes a quienes, según la versión oficial de la institución confundieron con huachicoleros, provocando la muerte de un joven de 19 años, quien recibió un impacto en la cabeza, en tanto que uno de sus compañeras resultó herida en un brazo.
En Baja California Sur, desde diciembre del 2021 las tareas que realizaba la Policía Federal división Caminos, es decir los que atendían la seguridad y vialidad de los tramos federales, fue ocupada por elementos de la Guardia Nacional, lo que ha evidenciado la falta de capacitación de los elementos, en su gran mayoría ex militares en la atención de estas labores, que ha quedado exhibido en la atención y peritaje de accidentes de tránsito o la logística vial en casos de traumas viales por accidentes o bloqueos.
El asesinato del estudiante
De acuerdo con un reportaje publicado por el medio La Silla Rota, el pasado miércoles 27 de abril un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato se encontraban en un campo en la comunidad del Copal, a unos 100 metros de su campus, cuando vieron acercarse a un convoy de la Guardia Nacional.
Temerosos por reportes de presuntos robos a estudiantes por parte de los propios elementos, los jóvenes abordaron sus vehículos para retirarse del lugar, sin imaginar que serían perseguidos por los agentes de seguridad.
Angel Rangel, Eduardo Ramírez, brillante estudiante de ingeniería agrónoma de 19 años, viajaba en una camioneta Ford Blanca, junto con otros compañeros, a la que los efectivos comenzaron a disparar.
Una de las balas hizo blanco en la cabeza de Angel, quien se desplomó sobre uno de sus compañeros, sangrando. Otra bala alcanzó en un brazo a una de sus compañeras.
Los jóvenes condujeron con sus compañeros heridos para llevarlos a un hospital y en el camino encontraron a elementos militares, quienes a su vez solicitaron una ambulancia, pero por desgracia a la llegada de los paramédicos, Angel ya no contaba con signos vitales.
A la camioneta, se le encontraron 3 impactos de bala de grueso calibre.
El hecho generó movilizaciones y protestas públicas masivas de estudiantes en Guanajuato, quienes exigieron justicia para el joven asesinado, pero también que la Guardia Nacional saliera de la comunidad de El Copal.
La versión oficial de la GN
El mismo día de los hechos, de manera oficial la Guardia Nacional emitió un comunicado, donde además lamentar el hecho, lo calificó de una terrible confusión; señalando que los efectivos se encontraban en un operativo de seguridad contra la extracción ilegal de combustible en el ducto Salamanca-León.
“Personal de la Guardia Nacional observó dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar a los ocupantes, quienes al percibir la presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este instituto Policial”.
“Derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada”, dice el comunicado a modo de explicación.
El texto finaliza informando que el elemento presunto responsable de los disparos que cobraron la vida del joven estudiante, fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales de Guanajuato.
Critican militarización en México
Al momento de repudiar el crimen, Amnistía Internacional destacó que desgraciadamente lo sucedido en Guanajuato no es un caso aislado, recordando que en el 2010, elementos del Ejército mexicano asesinaron a dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, durante un operativo de seguridad, siendo una de las víctimas un joven sudcaliforniano.
El organismo internacional nuevamente criticó que una corporación militarizada como la Guardia Nacional esté suplantando a las autoridades civiles en las tareas de seguridad en México, lo que contrapone los estándares internacionales de derechos humanos.
“La operación de la Guardia Nacional se contrapone con el estándar internacional en la materia, de acuerdo con el cual los estados solo pueden recurrir a las fuerzas militares en casos excepcionales y por un tiempo definido”.
El Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue señaló que se deben y revisar los protocolos de actuación de los militares y mencionó que el tema ya lo expusó la mañana de este jueves durante la mesa de seguridad virtual con el General encargado de la Guardia.
Expresó lo anterior al señalar que los elementos del ejército y GN no tienen formación de proximidad con los ciudadanos. Esto a diferencia de los Policías municipales “Policía de barrio”. Ante ello, resaltó la importancia de capacitación y mayor apoyo a las policías municipales para evitar muchos de estos casos.
El medio Aristegui Noticias publicó ayer la postura de El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, quien señala que este caso muestra porque hay que oponerse a la propuesta de reformar de nuevo la Constitución para entregar enteramente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De mayo de 2019 a marzo de 2021 se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, donde fallecieron 94 personas, de acuerdo con datos obtenidos vía solicitud de información del Centro Prodh, dio a conocer la asociación por un hilo en Twitter.
Asimismo, cuestionó el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a que no se ha pronunciado por esta ejecución y en otros casos similares “lo ha hecho de forma tardía y complaciente”.
La urgente militarización de la GN
Por otro lado, Animal Político publicó un trabajo periodístico en donde advierte que la Guardia Nacional tiene por objetivo apresurar la salida de los últimos agentes civiles de la corporación, o por lo menos retirarlos de las calles, la Guardia Nacional (GN) puso en marcha un programa de retiro voluntario en el que ofrece “compensación económica” a estos elementos, a cambio de renunciar definitivamente al cargo. Los que no aceptan son reasignados —de forma obligatoria— a otras áreas distintas a las de patrullaje y prevención.
Documentos internos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que, en un solo día, 600 efectivos que estaban en labores de vigilancia en las calles fueron reubicados a otras áreas de la corporación. En tanto, miles fueron trasladados a la Ciudad de México para ser exhortados a adherirse al programa de retiro voluntario y, mientras eso ocurre, permanecen congelados. Policías militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son los responsables de asumir sus funciones.
Esto sucede pese a que, por definición constitucional, la GN es una institución civil, y a que instancias como la ONU o Amnistía Internacional han pedido frenar la militarización de las tareas de seguridad pública; señala el medio.
