CDMX.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la adquisición de nueve vehículos para las ministras y ministros que entraron en funciones el 1 de septiembre, al argumentar razones de seguridad y protección personal, luego de que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares requeridos.
En una explicación pública, el máximo tribunal señaló que la decisión respondió a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad e integridad para quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional. Precisó además que su normatividad interna de 2019 establece la renovación regular de este tipo de vehículos cada 4 años o antes, cuando presentan deficiencias en materia de seguridad.
La compra cobró notoriedad luego de que en redes sociales circularan imágenes de los nuevos modelos asignados, cuyo costo estimado supera 1 millón de pesos por unidad. Ante ello, la Corte sostuvo que no se generó un gasto adicional, ya que las camionetas que dejaron de utilizarse se encuentran en proceso de venta, como parte de un manejo responsable del presupuesto público.
Los nueve ministros que asumieron funciones en septiembre pasado lo hicieron tras la aprobación de la reforma judicial, una de cuyas motivaciones fue reducir privilegios de administraciones anteriores, entre ellos el uso de vehículos oficiales para traslados.
Sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión de la Corte representó un ahorro de más de mil millones de pesos, al sustituir un esquema de renta por la compra directa de las unidades. Durante la conferencia matutina del 23 de enero, explicó que la Secretaría de Gobernación solicitó información al máximo tribunal y recibió una nota técnica sobre el cambio realizado.
“Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra. Ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”, afirmó la mandataria. Al ser cuestionada sobre si los vehículos adquiridos estaban orientados a mejorar la seguridad institucional, Sheinbaum puntualizó que ese detalle corresponde aclararlo a las autoridades competentes y se limitó a informar lo recibido en la consulta oficial.
La SCJN reiteró que la renovación de la flotilla se realizó conforme a su marco normativo y bajo criterios de seguridad, austeridad y responsabilidad presupuestaria.