Se comprobó que Pedro “N” y Andrés “N”, privaron de la libertad a la víctima para luego quitarle la vida, en breve conocerán los años que pasarán en prisión
Derivado de las diligencias investigativas y ministeriales, la Procuraduría General de Justicia del Estado pudo acreditar que el domingo 4 de agosto del 2019 en la ciudad de La Paz, Pedro “N”, en compañía de Andrés “N”, alias el Henry, llevaron a cabo el secuestro y homicidio de la víctima, quien en vida llevara el nombre de Olegario “N” -de ocupación comerciante- a quien, con engaños llevaron a un domicilio de la colonia Agua Escondida donde lo amordazaron y pidieron rescate para su liberación a los familiares.
Posteriormente, el 19 de agosto del mismo año, fue localizado el cuerpo sin vida de Olegario “N” a la altura del kilómetro 10, del tramo carretero La Paz –Los Planes.
La necropsia determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico severo con objeto contundente, la cual ocurrió entre el 4 y el 19 de agosto del 2019.
Derivado de este hecho, agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de investigación de la Unidad en mención, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para lograr establecer la posible participación de los imputados en la comisión del ilícito.
Pedro “N”, se refugiaba en el estado vecino con el fin de sustraerse de la justicia, además contaba con documentación de identidad falsa, para poder laborar sin ser detectado por las autoridades.
Durante las audiencias del juicio oral, realizadas desde el 8 de junio y hasta el 30 de agosto del año en curso, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Secuestro, presentaron pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales con las que obtuvieron fallo condenatorio contra los dos hombres por el delito de secuestro agravado.
El próximo miércoles 6 de septiembre Pedro “N” y Andrés “N”, conocerán la sentencia que le impondrá el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia de individualización de sanciones para el delito que el Ley general para prevenir y sancionar el delito de secuestro, impone una pena de entre 80 y 110 años de prisión.
Con la obtención de fallos condenatorios la PGJE cumple con su compromiso de combatir la impunidad en todos los ámbitos de su competencia.
