La Paz.-La diputada de Morena, Guadalupe Vázquez Jacinto, presentó un punto de acuerdo para exigir que las comisiones del Congreso del Estado de Baja California Sur den trámite a cinco iniciativas relacionadas con el combate a la corrupción, entre ellas la eliminación del fuero constitucional y el endurecimiento de las penas contra servidores públicos que cometan actos ilícitos.
La legisladora señaló que algunas de estas propuestas llevan más de dos años desde su presentación sin que se haya emitido una resolución legislativa, por lo que solicitó acelerar su análisis, discusión y dictaminación.
Entre las iniciativas destaca la eliminación del fuero constitucional para servidores públicos de Baja California Sur, presentada el 5 de junio de 2025, luego de realizar foros ciudadanos en los cinco municipios de la entidad.
Otra propuesta, presentada el 9 de septiembre de 2025, busca ampliar a diez años el plazo de prescripción de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, con el propósito de contar con mayor tiempo para investigar y sancionar posibles irregularidades.
También se encuentra pendiente de análisis una iniciativa presentada el 19 de marzo de 2026 para aumentar las penas aplicables a los delitos relacionados con hechos de corrupción.
La cuarta propuesta, presentada el 14 de mayo de 2026, plantea interrumpir los plazos de prescripción cuando una persona bajo investigación asuma un cargo público que le otorgue fuero constitucional, para evitar que esta protección procesal sea utilizada para eludir la acción de la justicia.
Finalmente, la diputada incluyó una iniciativa ciudadana presentada desde el 27 de agosto de 2024, mediante la cual se busca otorgar autonomía constitucional a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Baja California Sur, además de dotarla de recursos económicos y humanos, una ley orgánica propia y mayores mecanismos de rendición de cuentas.
En su exposición de motivos, Vázquez Jacinto sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de fortalecer el marco jurídico para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, particularmente cuando estos afectan el manejo de los recursos públicos.
La legisladora advirtió que el uso indebido del dinero público puede traducirse en obras deficientes, servicios que no responden a las necesidades ciudadanas y decisiones contrarias al interés general.
Por ello, solicitó que las comisiones legislativas competentes den el trámite correspondiente a las cinco propuestas y emitan los dictámenes respectivos, considerando su viabilidad constitucional y jurídica.
El punto de acuerdo no plantea aprobar automáticamente las reformas, sino que sean discutidas y resueltas por el Poder Legislativo, después de permanecer sin una determinación, según lo expuesto por la diputada.