La Paz, Baja California Sur.– Este día será presentada ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa que plantea sancionar el uso indebido de inteligencia artificial para generar o difundir contenido sexual íntimo sin consentimiento, mediante reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La propuesta, impulsada por la diputada Karina Olivas Parra, contempla incorporar esta conducta dentro del delito de violación a la intimidad sexual, con el objetivo de cerrar vacíos legales que actualmente dificultan la persecución de este tipo de agresiones digitales.
De acuerdo con la exposición de motivos, si bien la llamada “Ley Olimpia” representó un avance al reconocer la violencia digital, la evolución tecnológica ha superado el marco jurídico vigente, particularmente con el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes, audios o videos falsos con contenido íntimo.
Estos materiales, conocidos como deepfakes, permiten manipular o fabricar contenido sexual sin consentimiento, generando afectaciones graves a la intimidad, la dignidad y la vida privada de las personas, principalmente mujeres.
La iniciativa advierte que, ante la falta de regulación específica, muchos casos han quedado impunes o han recibido sanciones insuficientes, lo que ha derivado en desconfianza hacia las instituciones de justicia.
Como parte de la reforma, se establece que será sancionado quien genere, difunda, comercialice o comparta contenido íntimo creado mediante inteligencia artificial sin autorización de la persona afectada.
Asimismo, se contempla actualizar la definición de violencia digital en la legislación estatal, para reconocer expresamente el uso de estas tecnologías como una forma de agresión.
La propuesta se sustenta en el derecho a la privacidad, la intimidad y una vida libre de violencia, así como en compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos y equidad de género.
De ser aprobada, Baja California Sur avanzaría en la actualización de su marco legal frente a nuevas formas de violencia digital, con el objetivo de proteger especialmente a niñas, adolescentes y mujeres en entornos digitales.