La Paz, B.C.S., 6 de agosto de 2025 — La diputada local Lupita Saldaña Cisneros presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca reconocer explícitamente el derecho a no ser víctima de desaparición y la obligación del Estado de garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y no localizadas en Baja California Sur.
La propuesta, actualmente en análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, plantea adicionar un nuevo artículo 20 Bis a la Constitución Política local, dentro del apartado de “derechos humanos y sus garantías”, para establecer con claridad las obligaciones de las autoridades frente a esta creciente problemática social.
“Basta ya de la apatía, la ineficacia y la falta de decisión para enfrentar este delito que golpea de manera inmisericorde a nuestra población. Es momento de que el Estado asuma plenamente su responsabilidad”, expresó Saldaña Cisneros durante su intervención en tribuna.
La legisladora del PAN sostuvo que Baja California Sur enfrenta un aumento alarmante en los casos de desaparición, particularmente desde el año 2016, con picos preocupantes en 2021 y 2023. Citando cifras de la organización RED LUPA, señaló que tan solo entre 2022 y mayo de 2025 el número de personas desaparecidas pasó de 671 a mil 048 casos registrados, con un 84% de las víctimas siendo hombres y un alto número de mujeres jóvenes entre las edades de 15 y 29 años.
La Paz, agregó, ha superado a Los Cabos en número de casos en el último año.
La iniciativa obliga al Estado a adoptar medidas de protección, formular e implementar políticas públicas de prevención, y establecer mecanismos claros para la búsqueda, atención y sanción de los responsables, tanto si se trata de desapariciones forzadas como cometidas por particulares.
“No debemos quedarnos al margen del clamor que surge de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Hagámoslo por las y los sudcalifornianos, por quienes sufren a diario la ausencia y la incertidumbre”, subrayó la diputada.
De ser aprobada, la reforma representaría un paso histórico en el reconocimiento constitucional del derecho a la búsqueda y la protección contra la desaparición forzada en el estado, y colocaría a Baja California Sur entre las entidades con mayor compromiso legislativo frente a esta grave violación de derechos humanos.