La Paz, Baja California Sur.- Diputados del Congreso del Estado propusieron crear en Baja California Sur un sistema de subsidios con recursos públicos para cubrir el descuento del 50% que actualmente deben otorgar los concesionarios del transporte a estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La iniciativa es promovida por los diputados Omar Torres Orozco, Fernando Hoyos Aguilar, Arlene Moreno Maciel, Karina Olivas Parra, Alondra Torres García, Guillermina Díaz Rodríguez y Gaby Montoya, quienes plantean reformar la Ley de Transporte del Estado.
La propuesta busca que los usuarios mantengan íntegramente el beneficio de pagar la mitad de la tarifa, pero que el costo de esa política social deje de ser absorbido exclusivamente por los transportistas.
Para ello se plantea crear el Sistema Estatal de Compensación Tarifaria, mediante el cual el Estado y los municipios asumirían la obligación de compensar a los concesionarios por la diferencia entre la tarifa general autorizada y la cantidad efectivamente pagada por estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Actualmente, el artículo 35 de la Ley de Transporte obliga a los concesionarios a aplicar el descuento del 50%, pero no establece quién debe financiar esa diferencia, cómo calcularla, de dónde deben provenir los recursos ni en qué plazo tendría que pagarse.
El nuevo esquema podría financiarse con aportaciones anuales del Gobierno del Estado y los municipios, así como recursos de programas estatales o federales de movilidad, convenios, rendimientos del propio fondo, publicidad y otras fuentes legalmente vinculadas al transporte público.
La iniciativa establece, sin embargo, que el Estado y los ayuntamientos deberán garantizar anualmente recursos suficientes para cubrir las compensaciones, independientemente de que puedan incorporarse otras fuentes complementarias.
Como parte de la justificación, los promoventes señalan que en La Paz aproximadamente 7 de cada 10 pasajeros utilizan tarifa preferencial, por lo que sostienen que una parte importante del costo de esta política social recae actualmente en los concesionarios.
El documento también compara el incremento de los costos del transporte entre 2016 y 2026: el diésel habría aumentado 96.66%; el salario mínimo, 331.33%; la licencia de chofer, 98.57%; y la revista vehicular, 189.47%, mientras que la tarifa habría pasado de 10 a 12 pesos, un incremento del 20%.
La reforma también busca reconocer expresamente el derecho de los concesionarios a recibir la compensación económica y que el costo de las tarifas preferenciales sea considerado al momento de realizar los estudios para determinar las tarifas del transporte público.
Además, contempla disposiciones transitorias para reglamentar el nuevo sistema, crear el fondo, incorporar recursos en los presupuestos públicos e iniciar pagos provisionales sin esperar a que concluya la implementación tecnológica para registrar los viajes subsidiados.