La Paz, BCS.- Hasta 11 años de prisión podrían alcanzar quienes manipulen o recluten a niñas, niños y adolescentes para participar en actividades delictivas en Baja California Sur, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.
La propuesta fue presentada por la diputada Alondra Torres García, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, y plantea reformar el artículo 169 del Código Penal estatal, correspondiente al delito de corrupción de personas menores de edad.
La modificación busca incorporar expresamente como delito la conducta de quien, de manera habitual u ocasional y por cualquier medio, manipule o reclute a menores de edad con fines delictivos.
De aprobarse la reforma, esta conducta quedaría contemplada dentro de las sanciones establecidas en el artículo 169, que prevé penas de cuatro a 11 años de prisión y multas de 500 a mil 200 días.
En la exposición de motivos se advierte sobre la utilización de menores en actividades como el llamado “halconeo”, traslado de sustancias, extorsiones e incluso acciones armadas, así como sobre nuevas formas de captación mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos y falsas ofertas de trabajo.
El documento señala que en Baja California Sur existen más de 236 mil niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años, y que La Paz y Los Cabos concentran la mayor cantidad de población menor de edad.
La iniciativa reconoce que la incidencia oficialmente reportada de reclutamiento de menores por grupos delictivos en Baja California Sur es baja en comparación con otras entidades; sin embargo, advierte sobre una posible “cifra negra”, debido a que actualmente esta conducta no se encuentra tipificada de manera independiente y los casos pueden investigarse bajo otras clasificaciones.
La redacción propuesta para incorporar al Código Penal establece sancionar también “a quien habitual u ocasionalmente, por cualquier medio, los manipule o reclute con fines delictivos”.
La iniciativa fue presentada con fecha del 2 de octubre y deberá continuar su proceso legislativo para determinar si la reforma es aprobada e incorporada al Código Penal de Baja California Sur.