La Paz.-Las diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza en el Congreso de Baja California Sur presentaron una iniciativa para fortalecer la autonomía sindical y castigar la intervención de personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos.
La propuesta fue impulsada por la diputada Lourdes Cornejo Rendón y el diputado Martín Escogido Flores, quienes plantearon adicionar el artículo 75 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.
De aprobarse, la reforma establecería una protección efectiva para que los sindicatos ejerzan libremente su constitución, funcionamiento, administración y procesos de elección, reelección o destitución de dirigencias, sin interferencias externas. Cualquier violación sería considerada falta administrativa grave y sancionada conforme a la ley.
La iniciativa define como injerencia sindical conductas como coaccionar o amenazar a trabajadores para influir en su voto; ejercer presión jerárquica; condicionar servicios, apoyos, licencias, ascensos o beneficios laborales; utilizar programas sociales, recursos públicos, instalaciones o personal institucional con fines proselitistas; así como difundir propaganda institucional para favorecer o perjudicar a planillas o dirigencias.
Además, se establece la responsabilidad administrativa directa o indirecta de cualquier persona servidora pública que incurra en estas prácticas, reforzando los principios de imparcialidad y neutralidad institucional durante los procesos sindicales.
Al presentar la iniciativa en tribuna, Lourdes Cornejo afirmó que el objetivo es cerrar el paso a prácticas del pasado y elevar el estándar de legalidad. “La autonomía sindical debe ser un derecho real, protegido y exigible”, sostuvo.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social para su análisis y dictaminación, con lo que el Congreso abre la discusión hacia un marco jurídico más claro para fortalecer la democracia sindical y la libertad de decisión de la base trabajadora.