“Que la corrosión no acabe con las instalaciones de la Marina y que la corrupción no acabe con el destino de Cabo San Lucas”, expresó el coordinador del Grupo Madrugadores de Cabo San Lucas, Jesús Flores al manifestar su preocupación por las nuevas tarifas y cobros portuarios que busca aplicar la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) .
Durante un posicionamiento que emitió en la última reunión del grupo, Flores hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que intervengan en la situación y promuevan una solución mediante el diálogo, la transparencia y la revisión del esquema tarifario, con la participación de los sectores directamente involucrados.
El coordinador señaló que existe preocupación entre los distintos sectores de la comunidad marítima, por lo que consideró necesario que la sociedad se solidarice con quienes dependen de las actividades que se desarrollan en el puerto de Cabo San Lucas.
“Hay que hacer uso de la política, la política es resolver, atender, planear, desarrollar, convencer, pero sobre todo para solucionar y lograr bienestar en la población”.
Flores consideró que las autoridades tienen la responsabilidad de atender las inquietudes de los prestadores de servicios turísticos, especialmente ante el impacto que las nuevas tarifas podrían representar para quienes trabajan en la Marina y dependen de la actividad náutica para sostener a sus familias.
“Los tres niveles de gobierno al día de hoy pertenecen a una misma corriente política y en ese escenario deben tener la voluntad, la empatía y la responsabilidad de resolver el problema”.
En su posicionamiento, el Grupo Madrugadores expresó su solidaridad con las mujeres y hombres que trabajan en el puerto, al señalar que detrás de cada embarcación y servicio turístico existen familias, empleos y años de esfuerzo que han contribuido al desarrollo y prestigio de Cabo San Lucas como destino turístico internacional.
Si bien reconoció la importancia de contar con una administración portuaria ordenada, eficiente y sostenible, el grupo consideró que las medidas económicas deben tomar en cuenta las condiciones reales de los prestadores de servicios, pescadores y operadores náuticos, para evitar que los cobros comprometan sus actividades.
Por ello, solicitó al Gobierno de Baja California Sur y al Ayuntamiento de Los Cabos que se sumen a las gestiones de la comunidad marítima, mientras que a la ASIPONA y a las autoridades competentes les pidió privilegiar el diálogo y revisar las tarifas con la participación de los sectores afectados, en lugar de establecer medidas sin consenso.
“El desarrollo de Cabo San Lucas no puede entenderse sin su gente. Fortalecer nuestro destino también significa proteger las condiciones que permiten trabajar, emprender y generar bienestar”.