Los Cabos, BCS.– En un esfuerzo por fortalecer la transparencia, mejorar el control en la administración de recursos públicos y garantizar una toma de decisiones más equilibrada, el Fideicomiso de Saneamiento de Los Cabos fue reestructurado para contar con una nueva conformación que incluye participación paritaria entre autoridades gubernamentales y representantes de la iniciativa privada.
La actualización fue aprobada durante una reunión encabezada por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, realizada en las instalaciones del Consejo Coordinador de Los Cabos, y en la que se dio luz verde al nuevo contrato y reglamento del fideicomiso, que anteriormente operaba sin marco normativo específico.
El tesorero municipal, Rigoberto Arce Martínez, detalló que la nueva estructura contempla ocho representantes del sector público y ocho del sector privado, con el objetivo de equilibrar el proceso de toma de decisiones y generar mayor confianza entre los distintos actores involucrados.
“Con este rediseño se da un paso importante hacia la corresponsabilidad en el manejo de recursos. Ya no habrá decisiones unilaterales; todo deberá aprobarse por unanimidad o por mayoría calificada, es decir, con al menos tres cuartas partes del comité técnico”, explicó Arce Martínez.
Además, se implementarán subcomités temáticos para analizar los proyectos y acciones propuestas, cuyas recomendaciones deberán ser avaladas por el comité técnico, fortaleciendo así el control interno y el enfoque técnico de las decisiones.
El nuevo reglamento —también aprobado durante la sesión— establece mecanismos claros de operación, lineamientos para la presentación de proyectos y criterios de elegibilidad, orientados a asegurar que los fondos del fideicomiso se destinen exclusivamente a infraestructura de saneamiento y cuidado ambiental.
Con esta reconfiguración, el Fideicomiso de Saneamiento se perfila como una herramienta estratégica para la inversión en obras prioritarias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población cabeña, en temas sensibles como el tratamiento de aguas residuales, el manejo de residuos y la conservación del entorno natural.
La medida fue bien recibida por representantes del sector empresarial, quienes desde hace tiempo habían solicitado una mayor participación en la toma de decisiones relacionadas con la aplicación de recursos públicos en proyectos de impacto regional.