Un aproximado de 16 quejas han interpuesto trabajadores del Instituto de las Mujeres de Los Cabos ante la Contraloría Municipal en contra de la ex directora Maria del Rosario Díaz Cinco por, según los colaboradores, generar un ambiente laboral de violencia, opacidad en los recursos públicos, evadir responsabilidades y abusar de su poder.
Al menos 10 colaboradores ofrecieron una rueda de prensa este martes para romper el silencio y denunciar públicamente los abusos que están sufriendo a manos de la exdirectora, ante la incertidumbre que tienen de que regrese a ocupar su cargo luego de que se amparó por la remoción que hizo Cabildo Los Cabos.
Los colaboradores expusieron ante los medios de comunicación 14 faltas que presuntamente cometió Díaz Cinco al estar al frente del Instituto de las Mujeres, entre ellas, violencia laboral, uso indebido de vehículos oficiales, obstaculización de protocolos de atención a mujeres en situación de violencia, Uso y abuso de poder, incluida la grabación ilegal de conversaciones privadas para luego ser utilizadas como medio de presión, utilización del instituto para beneficio propio, etc.
En su pronunciamiento, omitieron dar particulares sobre sus identidades ya que temen represalias en su contra, sin embargo; manifestaron que todos los señalamientos que hicieron son sustentados en pruebas que fueron entregados junto a las quejas interpuestas en la Contraloría Municipal.
El único colaborador que reveló su nombre fue Jesús Joaquín, quien lleva 12 años laborando en el Instituto de las Mujeres. Expresó que antes de llegar a las quejas a Contraloría se hizo una labor interna para cambiar el ambiente laboral y expresar a Díaz Cinco las inconformidades pero ella no los quiso escuchar.
“La realidad es que nosotros estamos en una situación de desventaja porque ella tiene poder y abusa de él. Durante mucho tiempo quisimos arreglar las cosas al interior en reuniones con ella y por escrito y no tuvimos respuesta; nos aliamos para romper el silencio, estamos con mucho valor y mucho temor también pero tienen que cambiar el ambiente y prestarse el servicio como debe de ser”, compartió.
Las y los colaboradores solicitaron a la autoridad municipal que se les permitiera
desarrollar su trabajo en un entorno libre de violencia y de abuso de poder,
y pidieron protección ante las represalias que pudiesen tener derivado de su pronunciamiento.
