Ciudad de México.– En medio del escándalo de presunta corrupción que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que las irregularidades relacionadas con la contratación de empresas proveedoras de material electoral no comenzaron durante la gestión de la exconsejera, sino que se remontan a 1999.
La mandataria federal ha centrado sus declaraciones en los antecedentes de las empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por su cercanía con Taddei y por presuntamente beneficiarse de contratos millonarios dentro del organismo electoral.
Sheinbaum recordó que desde 1999 existieron señalamientos sobre contrataciones de material electoral en el Estado de México y que, en 2005, otro escándalo relacionado con estos proveedores derivó en la renuncia de consejeros electorales de esa entidad.
También responsabilizó políticamente a la administración de Lorenzo Córdova por haber permitido la continuidad de estas empresas como proveedoras del sistema electoral y recordó que, durante su gestión, Taddei fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014.
Las declaraciones ocurren después de que Latinus difundiera nuevas grabaciones en las que presuntamente aparecen Guadalupe Taddei y Hernández Casillas conversando sobre contratos, cantidades de dinero y distribución de ganancias relacionadas con negocios del INE.
Las revelaciones han incrementado los cuestionamientos sobre la administración de la exconsejera presidenta, quien renunció al cargo el pasado 26 de octubre, en medio de denuncias por posibles conflictos de interés y contrataciones irregulares.
Ante los señalamientos, Sheinbaum ha buscado deslindar a Morena del nombramiento de Taddei, al recordar que su designación como presidenta del INE en 2023 se realizó mediante insaculación en la Cámara de Diputados.
La presidenta también sostuvo que las investigaciones deben extenderse a administraciones anteriores y que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación determinar las irregularidades para que, en su caso, se presenten las denuncias penales o administrativas correspondientes.
Sin embargo, el señalamiento de antecedentes de corrupción desde los años 90 no resuelve las acusaciones específicas que actualmente enfrenta la administración de Taddei, particularmente las relacionadas con los contratos y los presuntos beneficios económicos exhibidos en las grabaciones.
Hasta el momento, las acusaciones difundidas públicamente no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad penal.
El escándalo mantiene bajo cuestionamiento los mecanismos de contratación del INE y la posible existencia de una red de proveedores beneficiados durante distintas administraciones del organismo electoral.