El trato de los casos de feminicidios en Baja California Sur por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha dejado mucha respuesta a la crítica argumentada de parte de los colectivos feministas, activistas y acompañantes de víctimas de violencia de género.
La activista feminista, Daniela Reyes consideró que no se está haciendo un adecuado seguimiento al protocolo para investigar las muertes violentas de mujeres en el Estado, como lo son los feminicidios, ya que tan sólo el hecho de que la PGJE tarde en dar a conocer el hallazgo de una mujer sin vida propicia a la revictimización.
“Mientras la PGJE no sale a confirmar o desmentir la información ya se inventaron miles de versiones que revictimizan a las mujeres, el Estado debería ser el principal en custodiar y garantizar los derechos de quienes no se pueden defender y hemos visto lo contrario, se ha difamado y se han hecho ideas erróneas de las víctimas aunque ellas están en una situación de máxima vulnerabilidad porque no pueden defenderse”, puntualizó.
Señaló que la tardanza en salir a esclarecer la información está dejando al desnudo un problema aún más preocupante: ¿Qué está fallando?
“Esto está visibilizando que no hay nada de capacidad de respuesta para dar resultados de necropsia a tiempo, queremos saber si hay o no capacidad, si tienen presupuesto o ¿qué es lo que está fallando?, ¿por qué no pueden dar esta respuesta oportuna para evitar esta revictimización social de las mujeres?”, enfatizó.
La justicia para algunas
Este inicio de año, la PGJE emitió un boletín en el que informó que el procurador Daniel de la Rosa Anaya destacó la reducción del 67 por ciento de feminicidios en el 2023 y hace énfasis en que los dos casos que se registraron en ese año fueron resueltos y los probables responsables ya se encuentran en prisión preventiva.
Sin embargo, para aquellas que han estado “al pie del cañón” durante años exigiendo justicia para las mujeres que fueron asesinadas, catalogan los resultados de la PGJE como “indignantes” por sólo esclarecer “ciertos” casos.
“Presumen resolver, sí, resuelven ciertos casos pero a nosotras nos indigna que no resuelvan casos por los que llevamos años exigiendo justicia, que han sido emblemáticos y los que los del movimiento ha exigido que le de pronta”, destacó la activista.
Esta situación se ejemplifica en el caso de Aolanis en Guerrero Negro, que a 4 años del hecho no tiene a ninguna persona responsable vinculada a proceso, o el caso de Ana Luisa en La Paz, que tampoco tiene ningún detenido a 3 años del suceso.
También en los casos que ya tienen al presunto responsable en prisión preventiva, como el caso de Daniela Lino, que lleva 4 años desde que ocurrió y su familia aún no recibe la noticia de la sentencia condenatoria, no hay esclarecimiento, ni reparación del daño.
Y en los casos que se han resuelto no hay garantía a la no repetición, porque la historia vuelve a repetirse; como el caso de Jovita que fue asesinada en el 2018 en El Zacatal, mismo sitio donde fue encontrado el cuerpo de María Guadalupe, la primera víctima de feminicidio de Baja California Sur en el 2024, ambas privadas de la vida con el mismo modus operandi, asfixia por estrangulamiento.
“El Gobierno del Estado no tiene una estrategia para garantizar que no se vuelva a repetir un feminicidio, ni siquiera en la misma colonia, cuando es un lugar que ya tiene un antecedente de violencia y de feminicidios”, argumentó.
