Integrantes del Colectivo de Asociaciones y Ciudadanos por la Defensa del Territorio y los Bienes Comunes informaron que presentaron denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y determine la posible responsabilidad por los daños ambientales registrados en el predio San Miguelito, cercano Sierra La Laguna, donde se pretender desarrollar el “Santuario del Tío Checo”.
Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, representantes del movimiento ciudadano señalaron que decidieron acudir a las instancias de procuración de justicia luego de considerar insuficientes las acciones emprendidas por autoridades de los tres niveles de gobierno para atender el caso.
Víctor Adrián Trujillo sostuvo que la ciudadanía organizada ha tenido que documentar y denunciar los hechos ante la falta de una intervención efectiva de las autoridades competentes.
“La comunidad organizada tuvo que hacer lo que le correspondía al Estado, caminar, observar, registrar, denunciar y defender la Sierra La Laguna, porque cuando quienes gobiernan dejan de escuchar el lenguaje de la tierra, son los pueblos quienes deben convertirse en sus defensores”.
El activista indicó que, pese a los pronunciamientos públicos realizados por autoridades estatales y municipales en defensa de la Sierra La Laguna, no se han observado acciones concretas para retirar los materiales que fueron trasladados por un helicópteros la zona núcleo de la reserva, no tampoco sancionado los trabajos de construcción en San Miguelito.
Cuestionó la falta de procedimientos en contra de Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, quien estaría detrás del proyecto.
“Exigimos que la autoridad no politice la aplicación de la ley, porque es temporada preelectoral y están decidiendo no proceder contra el infractor por cuestiones meramente políticas”.
Por su parte, la activista Vicky Guereña Mills manifestó que las organizaciones ciudadanas buscan que el daño ambiental registrado no quede impune y que existan consecuencias para quienes resulten responsables.
“Nosotros estamos procediendo después de ver las omisiones. Por ejemplo, Semarnat desechó la solicitud presentada por Hermandad en Armonía con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental; eso ya por sí es un presunto delito ambiental que debería de perseguir la misma autoridad, o la conducente, cuando alguien rompe las reglas”.
La activista consideró que las denuncias son resultado de una serie de omisiones institucionales que han impedido que se sancionen las presuntas irregularidades detectadas en la zona.
