La Paz, Baja California Sur.- El diputado Omar Torres Orozco presentó una iniciativa para establecer nuevos controles en las compras y contrataciones del Gobierno de Baja California Sur, con el objetivo de evitar que bienes y servicios sean adquiridos con sobreprecios.
La propuesta del legislador del Partido del Trabajo plantea reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado para hacer obligatoria una investigación de mercado antes de realizar compras, arrendamientos o contrataciones de servicios.
Torres Orozco expuso que la iniciativa surge a partir de inquietudes planteadas por comerciantes y empresarios locales, quienes han advertido que en algunos procedimientos de licitación las adjudicaciones se realizan por encima de los precios vigentes en el mercado, lo que puede generar sobrecostos y favorecer a un número reducido de proveedores.
Con la reforma, antes de realizar una contratación las dependencias, entidades y organismos autónomos tendrían que conocer las condiciones comerciales existentes, estimar los precios e identificar posibles proveedores.
Uno de los principales cambios establece que el precio pagado por el Gobierno deberá ser igual o inferior al precio vigente en el mercado de Baja California Sur, conforme a la investigación realizada previamente.
Para establecer ese precio de referencia deberán considerarse preferentemente cotizaciones de proveedores establecidos en la entidad. Cuando no exista suficiente oferta en el mercado estatal, podrán utilizarse precios regionales, nacionales o incluso internacionales, pero la dependencia deberá justificarlo.
El diputado argumenta que la investigación de mercado permitiría contar con información objetiva antes de adjudicar contratos y ayudaría a prevenir sobrecostos, posibles favoritismos hacia determinados proveedores y conflictos de interés.
La iniciativa no plantea que todas las adquisiciones gubernamentales actuales tengan sobreprecios, sino establecer un mecanismo obligatorio para prevenirlos y fortalecer la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas.
De aprobarse la reforma, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y las dependencias contarían con 90 días para realizar las adecuaciones internas necesarias.