La Paz, BCS.- El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío presentó ante el Congreso del Estado un veto parcial al Decreto 3162, mediante el cual se expidió la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.
En el documento dirigido a la presidenta del Congreso, Cristina Contreras Rebollo, el Ejecutivo argumenta que la nueva ley plantea la creación de una Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas como organismo desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual —señala— es material y jurídicamente inviable, además de implicar cargas financieras considerables para la administración pública estatal.
El gobernador observó que la norma no cumplió con los criterios de disciplina financiera que exige la ley, ya que no se presentó una estimación formal de impacto presupuestario elaborada por la Secretaría de Finanzas. Además, recordó que la Constitución local únicamente obliga a contar con una unidad administrativa de asuntos indígenas, mas no con un organismo autónomo como el que plantea el decreto.
Castro Cosío también argumentó que en Baja California Sur no existen comunidades indígenas originarias asentadas en territorio propio, sino grupos migrantes provenientes de otros estados que se han establecido en los municipios de la entidad. Según datos del INEGI 2020, solo el 1.79% de la población habla lengua indígena y el 3.3% se reconoce como afromexicana.
El Ejecutivo sostuvo que, si bien comparte el espíritu de la ley y reconoce la importancia de proteger los derechos de la población indígena y afromexicana, los recursos deben priorizarse en áreas como salud, educación y seguridad. En lugar de una Comisión, propuso establecer una unidad administrativa dentro de la Secretaría General de Gobierno para atender estos temas.
Con este veto parcial, el gobernador solicitó al Congreso del Estado eliminar los artículos relacionados con la creación, integración, funciones y patrimonio de la Comisión Estatal, a fin de garantizar un manejo sostenible de las finanzas públicas y dar cumplimiento a lo que marcan la Constitución federal y local.