El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, pidió que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Cabo San Lucas pase a manos del Gobierno del Estado, justificando que existen argumentos técnicos, administrativos y financieros para que sea operada por la Administración Portuaria Integral (API).
El mandatario señaló que la dependencia portuaria pertenece a la Secretaría de Marina (Semar) desde 2021 por decreto presidencial, por lo que corresponde al gobierno federal y a la Armada de México determinar quién administra estas instalaciones.
“Si el Congreso hace causa común con nosotros, bienvenido. Ojalá y el Gobierno de México y la Marina Armada de México la pasara a que la administre el Gobierno del Estado”, expresó.
Castro Cosío destacó el trabajo realizado por la API en Baja California Sur y afirmó que su administración ha logrado revertir tendencias anteriores.
Hizo un llamado al Congreso del Estado para respaldar la solicitud y adelantó que realizará las gestiones que le correspondan ante la Federación para buscar que Asipona de Cabo San Lucas sea transferida a la administración estatal.
“Tenemos argumentos sólidos, técnicos, administrativos y financieros de cómo el API ha manejado este trabajo en Baja California Sur. Está el puerto de Pichilingue, el puerto de Loreto, el puerto de San Carlos, hay testimonios muy claros”, resaltó.
Castro Cosío consideró que asumir la administración del puerto de Cabo San Lucas representaría un reto para el Gobierno estatal, pero aseguró que la API tendría capacidad para atenderlo y modernizar esa zona portuaria.
El mandatario se pronunció en medio de las protestas por las inconformidades de prestadores de servicios turísticos de Cabo San Lucas por el nuevo tarifario que Asipona.
Los trabajadores del sector se manifestaron durante la edición 46 del torneo de pesca deportiva Bisbee’s Black & Blue para rechazar los cobros, al considerar que son excesivos y fueron establecidos sin consultar a los sectores afectados.
El prestador de servicios turísticos, Javier Ontiveros, explicó que las nuevas tarifas impactarían directamente a los propietarios de embarcaciones, quienes tendrían que pagar por el embarque y desembarque, además de cubrir cobros relacionados con las personas que transporten en cada recorrido.
“Lo que sí sabemos es que son tarifas muy elevadas, hemos hecho nosotros nada más unos cálculos empíricos de algunas embarcaciones y sí se van a unos costos muy elevados”, advirtió.