Mulegé, Baja California Sur.- Una exalcaldesa de Mulegé y cuatro integrantes de su administración fueron vinculados a proceso por el delito de peculado, acusados de participar en la entrega irregular de 44 terrenos propiedad del Ayuntamiento para ellos mismos, sus cónyuges y familiares, días antes de concluir el gobierno municipal en 2018.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción informó que un Juez de Control con sede en Santa Rosalía vinculó a proceso a Cecilia “N.”, expresidenta municipal; Ileana Enriqueta “N.”, extesorera; Luis Alberto “N.”, exsecretario general; Olegario “N.”, exdirector de Catastro, y Gibrán Francisco “N.”, exsíndico.
De acuerdo con la investigación, entre agosto y septiembre de 2018 los entonces funcionarios habrían suscrito conjuntamente 44 títulos de propiedad de bienes inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento de Mulegé, destinados para uso propio o para beneficiar a cónyuges y familiares consanguíneos.
Entre los casos documentados por la Fiscalía aparecen cuatro terrenos de 776 metros cuadrados cada uno en el Fundo Legal de Guerrero Negro, presuntamente titulados a favor de la entonces alcaldesa, una hija, un hijo y su esposo. También se señala un predio de 240 metros cuadrados relacionado con el entonces síndico.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones se realizaron pese a existir restricciones legales para la venta de predios municipales a familiares y sin contar con la aprobación del Cabildo de Mulegé.
Además, durante las investigaciones fueron detectadas cancelaciones de títulos de propiedad y operaciones de venta posteriores que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían tenido como propósito ocultar las asignaciones realizadas en 2018.
La autoridad anticorrupción también mantiene abiertas investigaciones contra otros exservidores públicos del XV Ayuntamiento que presuntamente recibieron terrenos de manera irregular.
El comunicado no establece el valor de los 44 predios ni cuantifica un posible daño patrimonial en millones de pesos.
El juez impuso a los cinco vinculados diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización, y otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.