La Procuraduría General de Jusiticia de Baja California Sur informó que a tres días del feminicidio de Jessica “N”, ocurrido en un domicilio del fraccionamiento San Rafael, en La Paz, Marco Andrés “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.
Durante la audiencia inicial, celebrada este martes 6 de octubre, la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Feminicidio presentó los datos de prueba reunidos durante las investigaciones realizadas por agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, peritos y la Unidad de Análisis.
El caso se registró durante los primeros minutos del domingo 4 de octubre, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de La Paz acudieron a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Fresno y Roble, en el fraccionamiento San Rafael, tras recibir un reporte de violencia familiar atendido mediante la Patrulla Violeta.
En el lugar localizaron sin vida a Jessica “N”, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, era pareja sentimental del ahora imputado.
La PGJE informó que Marco Andrés “N” habría agredido físicamente a la víctima en diferentes partes del cuerpo con un objeto punzo-contundente, provocándole múltiples lesiones que derivaron en una hemorragia masiva aguda y posteriormente en su muerte, de acuerdo con los resultados de la necropsia.
Tras la agresión, el probable responsable se habría retirado del domicilio y, como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión y posteriormente una orden de cateo, mismas que fueron cumplimentadas el 4 y 5 de octubre, respectivamente.
Con los datos de prueba presentados durante la audiencia, el Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Marco Andrés “N” por el delito de feminicidio agravado, previsto y sancionado por el Código Penal vigente en Baja California Sur.
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La PGJE señaló que durante las diligencias también se contó con la intervención de instituciones municipales y estatales, entre ellas la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, que quedó a cargo del resguardo del hijo de la víctima.