Las “corcholatas presidenciales” y “similares Choyeros” violenten la Constitución y la ley electoral.
Sin importarles violar el marco normativo que rige los actos anticipados de campaña de carácter constitucional, legal y reglamentario, y a su vez, federal y local, sin el más mínimo rubor, y destilando irresponsabilidad las “corcholatas” presidenciales recorren el país, tocando este fin de semana Baja California Sur, donde junto a ellos se exhibieron personajes locales con un común denominador, que elección tras elección “cambian” de partido político para lograr participar.
De igual manera los servidores públicos y legisladores locales “similares choyeros” en franco proselitismo violando e incumpliendo preceptos legales para satisfacer su aspiración y ambición política, rumbo a la elección del 2024 donde habrá de elegirse; presidente de la República, senadores, diputados federales y locales y las 5 alcaldías con sus cabildos.
Totalmente y sin despojarse de sus responsabilidades violan flagrantemente el artículo 134 constitucional; “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos… En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público… Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar…”
De igual manera el artículo 3ro. de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur es claro y objetivo, tan claro como la violación que de este artículo cometen un día si y el otro también servidores públicos y legisladores en actos que quedan claramente contenidos dentro de su especificación legal como actos anticipados de campaña; “Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
Sin duda dentro de la convocatoria “Rumbo a la Consulta de la Reforma Electoral de B.C.S.” el tema de los actos anticipados de campaña debe ser indispensable y urgente de analizar y potencializar las sanciones a que se deban hacer acreedores quienes están violando desde sus espacios de responsabilidad como servidores públicos y legisladores la Ley electoral y la constitución.
Mientras la reforma “llega” existe la actual Ley Electoral que señala quien viola sus preceptos, quien infringe su mandato y obligaciones y una autoridad sin sancionar, sin que que se les llame a cuentas, sin que se les exija cumplan con su responsabilidad y acaten la ley.
Los integrantes de Morena y aliados quienes ostentan la mayoría de los espacios de elección y administrativos en el estado, son quienes disfrazan sus actividades proselitistas, de aspiraciones y ambiciones políticas para violar la ley sin que “nadie” se atreva a señalarlos, sin importarles que adelantarse en la carrera, puede traer consecuencias para los aspirantes y sus partidos.
Es lamentable no ver a la “sociedad civil”, a los colegios, las cámaras, a algunos Medios de Comunicación atreviéndose a denunciar, pero lo peor es que la “oposición” enfrascada en sus “prioridades” de pertenencias personales y de grupo, de pleitos intestinos e implosiones institucionales parece no atreverse o intentar siquiera señalar y mucho menos llevar a cabo denuncias a las y los “similares choyeros” que a menos de un año de iniciar sus responsabilidades están la mayoría en franca campaña proselitista rumbo al 2024.
Denunciar y dar seguimiento y hacer valer la ley que claramente sanciona los “actos anticipados de campaña” donde a los aspirantes, precandidatos o candidatos partidistas se les podría llegar a imponer como pena máxima la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro, o la negativa para registrar al precandidato electo en el proceso interno partidista.
Tal vez las cortinas de humo, los golpeteos entre las “corcholatas presidenciales” sus “similares choyeros” entretenga al colectivo como distractores y se olvide que el país está en llamas, con la peor inflación en su historia, con crisis en su sistema de salud, seguridad y educación, que padezcamos la realidad de un país donde creció lo que prometieron desaparecer; la corrupción y la ineficiencia, con un movimiento político que no sabe gobernar, pero si estar en permanente campaña electoral.
Vaya tarea que tiene las y los diputados para hacer realidad una ley electoral a la altura de los ciudadanos y no de intereses personales, familiares o de grupos políticos.
Ánimo !!!
