Asociaciones civiles manifestaron su respaldo al rechazo de la sociedad contra el decreto presidencial que convierte a Loreto en un puerto de altura y cabotaje, que según diversos sectores, pone en riesgo el equilibrio ambiental del Parque Nacional.
Organizaciones internacionales, empresarios locales, prestadores de servicios y colectivos ciudadanos se han sumado su voz para exigir la revisión y derogación del decreto.
Ocean Futures Society envió una carta desde Santa Bárbara, California, dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que recalcó la relevancia ecológica de la zona y advierte sobre los posibles impactos negativos del decreto.
El parque marino, considerado hábitat de especies emblemáticas como la ballena azul y poseedor de una biodiversidad única, ha sido defendido por la comunidad loretana bajo el argumento de que existen fundamentos científicos, legales y ambientales suficientes para frenar cualquier modificación que altere su vocación de conservación.
La Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos de Loreto señaló que el decreto es incompatible con la declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad y con el modelo turístico de bajo impacto que caracteriza al destino.
De igual manera, la Asociación de Restaurantes y Bares advirtió que la economía gastronómica depende directamente de la salud del ecosistema marino, mientras que la Asociación de Guías de Loreto alertó sobre el riesgo de infraestructura portuaria a gran escala, como marinas y muelles.
Cooperativas de buceo se sumaron a los pronunciamientos, destacando que la zona alberga más de 40 sitios especializados y ecosistemas sensibles que podrían verse afectados por el incremento de embarcaciones.
El sector de turismo de naturaleza, incluyendo operadores de kayak y campismo, también manifestó su preocupación por los posibles impactos ambientales, sociales y económicos
Asimismo, uniones de cooperativas y prestadores de servicios náuticos, calificaron el decreto como incongruente con la vocación del destino.
Entre los principales señalamientos destacan la falta de consulta a la comunidad, posibles violaciones a principios de conservación y riesgos para la vida marina.
Para finalizar, los inconformes han solicitado la suspensión del decreto y la apertura de un proceso transparente y participativo, recordando que en estos días celebraron una audiencia pública con autoridades federales que llevarán el mensaje a Claudia Sheinbaum.
