Loreto, Baja California Sur.– El Ayuntamiento de Loreto presentó formalmente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto federal que reclasifica al Puerto de Loreto como puerto de altura y cabotaje, confirmó la alcaldesa Paz Ochoa Amador.
A través de sus redes sociales, la presidenta municipal informó que el recurso legal impulsado por su administración ya fue ingresado ante el máximo tribunal del país y fue presentado por la síndica municipal, María Magdalena “Malena” Villalejo Romero.
“Ha quedado ingresada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional emitida por esta administración y presentada por nuestra Síndica Municipal C. Malena Villalejo”, publicó la alcaldesa de Loreto.
De acuerdo con el documento ingresado ante la Corte, el promovente es el Municipio de Loreto, Baja California Sur, mientras que el órgano demandado es la titular del Ejecutivo Federal, es decir, la presidenta de México. El acto impugnado corresponde al decreto del 10 de abril de 2026 mediante el cual se reclasifica el Puerto de Loreto.
La demanda quedó registrada como una controversia constitucional, mecanismo jurídico mediante el cual gobiernos municipales, estatales o poderes públicos pueden impugnar decisiones que consideren invasivas de competencias o contrarias al marco constitucional.
El documento exhibe además el sello de recepción de la Suprema Corte fechado el 22 de mayo de 2026, confirmando el ingreso formal del recurso promovido por el Ayuntamiento loretano.
La controversia se da en medio de un creciente debate social, ambiental y político en Loreto respecto al cambio de clasificación del puerto, medida que ha generado inquietudes entre sectores ciudadanos y actores políticos sobre posibles impactos ecológicos, urbanos y económicos para el municipio.
En semanas recientes, el tema ha cobrado fuerza en Baja California Sur, luego de posicionamientos públicos de distintos actores, incluida la senadora Susana Zatarain, quien ha manifestado oposición al decreto al advertir posibles afectaciones para el equilibrio ambiental y el modelo turístico de Loreto.
Ahora será la Suprema Corte la encargada de determinar si admite el recurso promovido por el Ayuntamiento y, eventualmente, entrar al análisis constitucional del decreto federal.
