La Paz, Baja California Sur.– El Congreso de Baja California Sur analiza una reforma para obligar a Airbnb, casas vacacionales, departamentos en renta temporal y otros servicios de alojamiento a verificar el parentesco o vínculo legal entre menores de edad y adultos que se hospeden juntos, como medida para prevenir posibles casos de trata, explotación sexual infantil y otros delitos contra niñas, niños y adolescentes.
La propuesta deriva de una iniciativa presentada por la diputada de Morena, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, y actualmente cuenta con un dictamen favorable de la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado.
Aunque hoteles y cadenas turísticas ya aplican protocolos similares en muchos casos, el principal cambio de la reforma consiste en extender esta obligación legal a nuevos esquemas de hospedaje, incluyendo casas vacacionales, departamentos amueblados, tiempos compartidos, cuartos en renta y plataformas digitales como Airbnb, sectores que han tenido un crecimiento importante en destinos turísticos como Los Cabos y La Paz.
De aprobarse, las personas prestadoras de servicios de hospedaje estarán obligadas a verificar la mayoría de edad de sus huéspedes y, cuando viajen con menores, solicitar documentos oficiales que acrediten filiación, parentesco, tutela, patria potestad o guarda y custodia, mediante actas de nacimiento, resoluciones judiciales u otra documentación oficial.
La iniciativa establece que, si no se logra acreditar el vínculo entre el adulto y el menor o existen sospechas de un posible delito, los prestadores de hospedaje deberán negar el servicio y dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección del DIF y a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El dictamen sostiene que Baja California Sur, particularmente destinos turísticos de alta afluencia como Los Cabos, enfrenta condiciones que obligan a reforzar mecanismos de prevención ante riesgos de explotación sexual infantil, turismo sexual y trata de personas, especialmente ante el crecimiento de rentas temporales y plataformas digitales de hospedaje.
Además, la propuesta contempla sanciones económicas para establecimientos o anfitriones que omitan reportar irregularidades relacionadas con menores de edad hospedados sin acreditación de vínculo legal.