La XVII Legislatura del Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Baja California Sur a instalar, de manera inmediata, una mesa de diálogo con la Federación para atender la problemática del transporte público en Los Cabos, en respuesta a las protestas que han llevado a cabo esta semana por el fallo de la SCJN.
Los diputados solicitaron al gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, a la Secretaría de Turismo que gestionen una mesa de coordinación con las autoridades federales competentes en materia de transporte, con el propósito de construir una solución integral a un conflicto que ha afectado históricamente tanto a Los Cabos como al resto de la entidad.
Entre los temas que deberán abordarse destacan el fortalecimiento del marco jurídico que regula el transporte estatal y federal, la delimitación clara de las facultades entre concesionarios estatales y permisionarios federales de autotransporte turístico, el fortalecimiento institucional, la implementación de mecanismos permanentes de inspección, el combate al transporte irregular y la protección efectiva de los usuarios.
En el mismo exhorto, el Congreso también solicita al Ejecutivo estatal ampliar de manera emergente el número de inspectores de transporte público en Los Cabos, al considerar que existe una insuficiencia histórica en el aparato de inspección.
Con ello contemplan fortalecer las capacidades operativas, materiales y presupuestales del cuerpo de inspectores para realizar verificaciones, vigilancia, procedimientos administrativos y la aplicación de sanciones.
De igual manera, exhortaron al Ayuntamiento de Los Cabos para que fortalezca las atribuciones de su Dirección Municipal de Transporte Público, a fin de que pueda participar de manera más activa en tareas de inspección, vigilancia y coordinación con las autoridades competentes.
El punto de acuerdo propone que el municipio implemente operativos permanentes para identificar unidades que presten el servicio de transporte de pasajeros sin contar con concesión o permiso correspondiente, levantar las actas administrativas necesarias, colaborar en los procedimientos sancionadores y evitar que continúe la prestación irregular del servicio.
La iniciativa se presenta luego de que el 30 de junio ingresó al Congreso un escrito firmado por los secretarios generales de once agrupaciones de taxis de Los Cabos, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades.
En el documento, los transportistas sostienen que tanto la Federación como el Estado y los municipios tienen la obligación de regular, vigilar y sancionar el servicio de transporte público, pero aseguran que la omisión y el cumplimiento discrecional de estas responsabilidades han vulnerado sus derechos y permitido la operación de particulares que prestan el servicio sin concesión, permiso o autorización legal.
