La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado de Baja California Sur analiza una reforma para castigar con penas de hasta 15 años de prisión a quienes obliguen, promuevan o permitan uniones de personas menores de edad con adultos, incluso cuando no exista un matrimonio legal, bajo esquemas de convivencia similares al matrimonio.
La propuesta fue dictaminada en sentido positivo por la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local y contempla modificaciones tanto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como al Código Penal del Estado.
Entre los cambios más relevantes destaca la creación del delito de “cohabitación forzada de personas menores de edad”, con el que se busca sancionar a quienes induzcan, gestionen, oferten o permitan que niñas, niños o adolescentes vivan en una relación informal o consuetudinaria equivalente al matrimonio.
De acuerdo con el dictamen, las penas propuestas irían de 8 a 15 años de prisión, además de sanciones económicas. La reforma también contempla responsabilidad penal para padres, madres, tutores o familiares que autoricen, toleren o participen en este tipo de uniones.
Asimismo, se establecen agravantes cuando exista violencia física, psicológica, económica o moral; cuando la víctima tenga alguna discapacidad; pertenezca a una comunidad indígena o exista una relación de autoridad, parentesco o confianza con el responsable.
El Congreso argumenta que, aunque el matrimonio infantil ya está prohibido legalmente en México, continúan registrándose casos de uniones tempranas o de hecho entre menores de edad y adultos, muchas veces justificadas por usos y costumbres o condiciones de vulnerabilidad, afectando derechos fundamentales como el acceso a la educación, el desarrollo integral y una vida libre de violencia.
Según el dictamen, en Baja California Sur se contabilizan mil 431 casos de adolescentes en matrimonio o unión temprana, cifra que, aunque menor frente a otros estados, sigue siendo motivo de preocupación por sus implicaciones sociales.
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa es que este tipo de delitos podrían considerarse imprescriptibles, lo que permitiría su investigación y persecución penal sin importar el tiempo transcurrido.
La propuesta fue presentada por la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros y aún deberá ser discutida y votada por el pleno del Congreso del Estado.