La Paz, Baja California Sur.– La Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el número de regidurías en los cinco ayuntamientos de Baja California Sur, bajo un argumento de austeridad, eficiencia administrativa y armonización con recientes cambios a la Constitución federal.
La propuesta, presentada por integrantes de la comisión legislativa, busca adecuar la Constitución local a las reformas aprobadas a nivel nacional el pasado 23 de abril de 2026, las cuales obligan a los estados a homologar su marco jurídico antes del próximo 30 de mayo.
De aprobarse, el número total de regidores en Baja California Sur pasaría de 48 a 35, es decir, 13 espacios menos en los cabildos, lo que representa una disminución cercana al 27 por ciento.
En el caso de La Paz, el Cabildo pasaría de 13 a 9 regidores, reduciendo las posiciones de mayoría relativa de ocho a seis y las de representación proporcional de cinco a tres. Mientras tanto, Los Cabos pasaría de 11 a 9 regidores, con una disminución de siete a seis regidores de mayoría y de cuatro a tres plurinominales.
La reducción también alcanzaría a Comondú y Mulegé, cuyos cabildos pasarían de nueve a seis regidores, mientras que Loreto disminuiría de seis a cinco espacios.
La iniciativa sostiene que el objetivo es fortalecer una política de austeridad y racionalidad administrativa, además de permitir un uso más eficiente de los recursos públicos. Los promoventes argumentan que históricamente el número de regidores en Baja California Sur ha respondido más a decisiones políticas que a criterios poblacionales.
Además de la reducción de regidurías, la propuesta incorpora principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento del Congreso y de los ayuntamientos. También establece límites al presupuesto del Congreso estatal y restricciones a prestaciones extraordinarias de servidores públicos.
De avanzar el proceso legislativo, los cambios entrarían en vigor tras su publicación oficial y obligarían posteriormente a adecuar leyes secundarias del estado.