La Paz, Baja California Sur.- El colectivo Búsqueda por la Paz y Víctimas de Desaparición BCS cuestionó las cifras de homicidios dolosos dadas a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y pidió aclarar bajo qué delitos son investigados los casos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas que posteriormente fueron encontradas sin vida.
El pronunciamiento se dio luego de que el procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez, informara que de enero a agosto de 2026 se contabilizaron 39 homicidios dolosos en Baja California Sur, al rechazar los señalamientos del senador Ricardo Anaya sobre un supuesto ocultamiento de asesinatos dentro de la clasificación de “otros delitos que atentan contra la vida”.
Ante ello, el colectivo planteó públicamente una pregunta a la PGJE: “¿Dónde están contabilizados esos casos?”, en referencia a las personas que fueron reportadas como no localizadas y que, después de meses o incluso años de búsqueda, fueron encontradas sin vida.
De acuerdo con cifras que el propio colectivo atribuye a la Procuraduría correspondientes al periodo 2017-2026, en Baja California Sur se han registrado 233 puntos de búsqueda positivos en los que fueron localizadas 312 personas: 160 en La Paz, 73 en Los Cabos, 59 en Comondú y 20 en Mulegé.
De esas 312 personas localizadas sin vida, 214 han sido identificadas y 98 permanecen pendientes de identificación, según los datos difundidos por las buscadoras.
El colectivo aclaró que no está planteando que las 312 personas sean contabilizadas automáticamente como víctimas de homicidio, sino que exige conocer cómo fueron clasificadas las investigaciones y que cada caso sea determinado a partir de los hechos, evidencias y dictámenes periciales.
“¿Bajo qué delito está la carpeta?, ¿qué unidad ministerial investiga?, ¿cuántas carpetas fueron remitidas a la unidad competente?, ¿cuántas tienen determinación sobre la causa?”, cuestionaron.
Las buscadoras señalaron que han participado directamente durante los últimos años en búsquedas y localizaciones, por lo que consideraron que encontrar a una persona sin vida no extingue la obligación de las autoridades de esclarecer qué ocurrió y determinar si existió la comisión de algún delito.
El posicionamiento abre así un nuevo punto dentro de la discusión generada por las cifras oficiales: no solamente cómo se clasifican estadísticamente los delitos contra la vida, sino qué tratamiento ministerial reciben las carpetas de desaparición cuando la persona buscada finalmente es localizada sin vida.
“Localizar no significa que el proceso terminó. Cuando una persona es localizada sin vida, la búsqueda termina, pero la obligación de investigar permanece”, sostuvo el colectivo.