José Alfonso Frausto Gómez, trabajador de Servicios Públicos del Ayuntamiento de La Paz, denunció que fue despedido junto con otras dos compañeras, luego de las manifestaciones que encabezó para exigir el pago de bonos de riesgo e insalubridad, así como mejoras salariales y prestaciones laborales.
Señaló que, desde el viernes, continúa presentándose en las instalaciones de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, aunque ya no aparece registrado en el sistema de asistencia.
Explicó que documenta cada visita mediante fotografías, videos y una bitácora, con el propósito de dejar constancia de que sigue acudiendo a cumplir con sus actividades y evitar que justifiquen su separación mediante actas administrativas.
Ahora también se suma el despido de dos compañeras que participaron en las manifestaciones, ambas con nueve años de antigüedad, sin que les dieran un argumento que justificara la baja, sólo “pérdida de confianza”.
Frausto Gómez rechazó que el argumento de pérdida de confianza sea aplicable a su caso y al de sus compañeras, puesto que desempeñaban funciones auxiliares y administrativas, sin personal a su cargo ni manejo de recursos públicos.
De igual manera, anunció que buscarán interponer amparos y recurrir a las instancias legales necesarias para conseguir la reinstalación de las empleadas.
Además, adelantó que, junto con su equipo jurídico, presentará denuncias por presunta privación ilegal de la libertad y por el actuar de la jueza cívica y de la directora de Juzgados Cívicos, derivado de los acontecimientos registrados durante las protestas.
“Hago un llamado al gobernador, la verdad es que esto ya se salió de control. No van a poder tener una Navidad, no van a llegar a diciembre para estar en unas felices fiestas por culpa del revanchismo de la señora Milena Quiroga”, denunció.
Los despidos se presentan luego de las protestas por los adeudos a más de 250 trabajadores de Servicios Públicos, por el pago de bonos de riesgo e insalubridad que no eroga desde enero.
También exigen homologar el pago de horas extras, ajustar los salarios a 12 mil pesos mensuales para personal operativo y 14 mil para administrativos, así como garantizar prestaciones y condiciones laborales que les permitan acceder a una vivienda digna.